La justicia marroquí deniega la libertad condicional a un melillense extraditado por España

El Tribunal de Primera Instancia de Salé, cerca de Rabat, ha rechazado la petición de libertad provisional para Ali Aarras, melillense de 49 años, de nacionalidad belga-marroquí. "La solicitaremos de nuevo", afirma Lahcen Dadsi, abogado marroquí de la defensa. Su juicio será el próximo 2 de junio. Aarras está acusado por Marruecos de formar parte de una asociación de malhechores relacionada con una red terrorista, asistir a una banda criminal y de tráfico de armas. Tras dos años y medio de cárcel en Algeciras, España lo extradita a Marruecos en diciembre de 2010 pese a la ausencia de pruebas y la postura en contra de la ONU.

En 2006, Ali Aarras fue detenido en Melilla acusado de participar en los atentados contra la Casa de España de Casablanca en 2003, traficar con armas y colaborar con la célula belga del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y con el grupo próximo al yihadismo Harakat al Moudjahidine Fi Al Maghrib. Es recluido en prisión pero enseguida paga una fianza de 24.000 euros que le permite abandonar los barrotes. Tras las investigaciones pertinentes, el juez Baltasar Garzón decidió desestimar el caso por falta de pruebas. Sin embargo, el 1 de abril de 2008, Aarras es de nuevo detenido por las autoridades españolas después de que Marruecos ordenara su búsqueda y captura y, posteriormente, su extradición. Los procedimientos que engloban la decisión de extradición duran dos años y medio, que Aarras pasa en el Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras. Finalmente, el 14 de diciembre de 2010, España decide enviar a Aarras a Marruecos, tras aprobarlo en el Consejo de Ministros. "Después de 45 días en huelga de hambre, le metieron en un furgón de Algeciras a Madrid y de allí a Casablanca", cuenta Mustafa, hermano del detenido.

Esta decisión de extradición la toma España pese a que las acusaciones de Marruecos se basaban en supuestos ya exculpados por Garzón y a pesar también de las peticiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que reclama a España que la detenga mientras se investiga el riesgo de tortura en las cárceles marroquíes. Para Dounia Alamat, abogada belga de la defensa presente hoy en el tribunal, este comportamiento de España "es una vergüenza", ya que es un país que "dice respetar los derechos humanos" y además "firmó en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". Por esta razón, la ONU ha decidido en varias ocasiones, la última el pasado mes de febrero, denunciar al Estado español. Alamat acusa también a España de ser "cómplice de las torturas que Aarras ha recibido estos cinco meses que lleva en la cárcel marroquí". Además, dice que el trato que el Estado español le ha dado a Aarras es "discriminatorio", ya que Aarras fue detenido junto a Mohamed Elbay, otro melillense, de nacionalidad hispano-marroquí, y "Elbay no solo no fue extraditado, sino liberado".

Los abogados de la defensa afirman estar "sorprendidos" con el comportamiento de la Justicia y el Gobierno español y piensan que Ali Aarras puede ser "una moneda de cambio" entre ambos países, debido a las tensiones que siempre existen entre ambos gobiernos, "sobre todo las vividas con el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik", afirma el letrado Dadsi, en referencia a los acontecimientos violentos ocurridos en El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental a finales de 2010. Dadis cree de esta manera que España accedió a la extradición de Aarras para "suavizar su relación con Marruecos".

Aarras, en la prisión de Salé desde hace cinco meses, solo ha podido recibir la visita de su familia hace dos semanas. "Está muy mal. Ha perdido audición en un oído y tiene afectadas la sensibilidad de manos y pies", asegura Famma Aarras, actual mujer de su padre.

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La defensa volverá a solicitar la libertad condicional antes del juicio, que tiene previsto celebrarse el próximo 2 de junio.