El Tribunal de Cuentas denuncia que las campañas de publicidad de Zaplana en Trabajo fueron ilegales y beneficiaron al PP

La mayor parte de los contratos de imagen y publicidad adjudicados por Zaplana en su etapa al frente del ministerio de Trabajo vulneran la ley de contratos del estado. Lo asegura un informe del Tribunal de Cuentas, informe en el que también se subraya que algunas de las empresas más beneficiadas por estos encargos trabajaron en las campañas electorales del PP. Las campañas costaron más de 60 millones de euros, más de 10.000 millones de pesetas, que el ministerio de Zaplana se gastó sobre todo en las polémicas campañas de las pensiones.

En el informe se cita por ejemplo la campaña de publicidad sobre la revalorización de las pensiones a principios del 2003. No era necesaria, dice el tribunal, porque los pensionistas ya habían sido informados uno a uno a través de cartas que recibieron en sus domicilios. No fue neutral, y mucho menos información institucional, porque según relatan los autores del anteproyecto está llena de mensajes que relacionan la revalorización de las pensiones con el PP. Y vulnera la ley de contratos del estado, siempre según este informe, porque para su adjudicación se recurrió a un procedimiento urgente sin publicidad, cuando la revalorización de las pensiones es un acontecimiento previsible cada año.

CAMPAÑA PARA CARAT

El ministerio pudo seleccionar de forma arbitraria a las empresas invitadas a participar en esta campaña, cursó las invitaciones un viernes y exigió un proyecto de campaña para las 9,3o del lunes. Los funcionarios del tribunal destacan aquí que las empresas no tuvieron tiempo material para preparar sus propuestas, y sugieren las enormes ventajas de las que pudo disponer que tuviera es información con antelación.

La campaña, más de seis millones de euros, fue para Carat, la empresa que preside el ex portavoz en los gobiernos de Aznar Miguel Angel Rodríguez. La asociación de agencias de publicidad protestó entonces y la fiscalía Anticorrupción abrió diligencias.

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Los autores del informe señalan que algunas de las empresas beneficiadas trabajaron también para el PP. Sobre todo algunas de las principales subcontratistas de las campañas del ministerio de Trabajo, que, según han comprobado documentalmente, trabajaron para el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 2003. En concreto en Valencia, Canarias, Baleares y Madrid.

DINERO PARA OTROS FINES

El Tribunal de Cuentas reprocha al ministerio de Zaplana haber utilizado dinero de organismos como el Inserso o el Instituto de la Mujer para campañas de comunicación que nada tienen que ver con la actividad de estos organismos. El informe señala que los recursos debieron haberse dedicado a campañas relacionadas directamente con la atención a los ancianos, a inmigrantes y refugiados, a promoción de la mujer o a fomento y gestión del empleo.

El informe recoge el notable aumento de la partida de publicidad del Ministerio desde la llegada de Zaplana. Con Juan Carlos Aparicio como ministro, en 2002 se gastaron 15 millones de euros en publicidad. Sólo en el primer cuatrimestre del 2.004, en pleno periodo electoral, el Ministerio se gastó 25 millones de euros.

A LA ESPERA DE ALEGACIONES

El informe del Tribunal de Cuentas será remitido ahora a al ex ministro de Trabajo y a los altos cargos de su departamento, que podrán presentar alegaciones. También a los actuales responsables del ministerio de trabajo. El pleno del Tribunal estudiará entonces las alegaciones que puedan presentarse y lo enviará, es siempre el último paso, a las Cortes, de las que depende el Tribunal de Cuentas.

Los autores del informe piden además que se "exijan las responsabilidades que resulten procedentes", que se remita a la sección de Enjuiciamiento del Tribunal, sin perjuicio, añaden, " de su conocimiento por el ministerio fiscal".

Fuentes cercanas a Eduardo Zaplana han señalado a la Cadena SER que el ex-ministro no va a hacer ningun comentario de momento ya que se trata de un anteproyecto de informe y que en su momento se presentarán las alegaciones pertinentes. Según estas fuentes, el ex-ministro esta muy tranquilo y convencido de la legalidad de todos los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.