El Sergas reconoce incumplimientos de contrato en el servicio de ambulancias del área sanitaria Pontevedra-O Salnés

La mañana prometía ser movida en los pasillos de dirección de la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés por el encierro que desde las nueve de la mañana los trabajadores de la empresa Ambulancias Civera han llevado a cabo ante el despacho del doctor José Flores, gerente del área. Su objetivo era que los recibiera y así ha sido. Después de varias horas de espera en el interior de Montecelo, José Flores mantuvo una reunión a tres bandas en la que participaron miembros del comité de empresa de Ambulancias Civera y representantes del sindicato Ciga.

El encuentro ha terminado sin un acuerdo cerrado entre las partes. El gerente ha reconocido ante los trabajadores que existen graves incumplimientos por parte de la empresa como el impago de las nóminas a los técnicos de las ambulancias y se ha comprometido a intermediar en este conflicto. Flores se ha puesto en contacto con el director de la empresa de ambulancias para trasladarle su preocupación por la situación y en las próximas horas espera obtener respuesta. Por su parte, los trabajadores de no tener abonadas las nóminas del pasado mes de diciembre en las próximas 24 horas intensificarán las movilizaciones y no descartan un nuevo encierro en el hospital. Piden abiertamente al Sergas rescindir el contrato con la empresa.

Esta mañana cerca de 90 conductores han participado en el encierro y han aparcado decenas de ambulancias en los accesos traseros del hospital de Montecelo. Las ruedas de tres ambulancias fueron pinchadas durante la mañana sin que se conozca la autoría de estos hechos. La movilización de la plantilla de Ambulancias Civera provocó retrasos en el traslado de pacientes, dado que solo atendieron los servicios mínimos, con dos ambulancias medicalizadas en Pontevedra y una en O Salnés; y una ambulancia de soporte vital básico en la ciudad del Lérez y otra en la comarca de O Salnés.

El Sergas reconoce que la empresa Ambulancias Civera acumula multas por un valor de hasta 300.000 euros por los numerosos incumplimientos en el contrato público desde que fue adjudicado este servicio a la empresa valenciana y el conselleiro de sanidade, Julio García Comesaña, aseguró en declaraciones esta mañana que se están estudiando las medidas a adoptar en este conflicto y acusa a la empresa de utilizar a los trabajadores como moneda de cambio.