Gerardo Díaz-Ferrán, suma y sigue a sus problemas con la Justicia

La detención este lunes de Gerardo Díaz-Ferrán se une al rosario de problemas judiciales del expresidente de la CEOE, que comenzaron en 2009 con el cierre Air Comet, la compañía aérea del Grupo Marsans.

La quiebra de Air Comet en diciembre de 2009 fue efectivamente el inicio de los problemas de Díaz-Ferrán. Días antes habían aparecido las primeras informaciones sobre las dificultades financieras de sus empresas. De hecho, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se había planteado la expulsión de Díaz Ferrán de la Junta Directiva de la CEOE por el impago de un crédito de 26 millones de euros. En 2010, Díaz-Ferrán renovó este crédito, cuando ya presidía la entidad Rodrigo Rato.

En marzo de 2010 y "en base a su grave situación patrimonial y de liquidez" el ministerio de Economía disolvió Seguros Mercurio, también del Grupo Marsans, del que Díaz-Ferrán era propietario junto a su socio Gonzalo Pascual. Por esta quiebra, ambos fueron declarados culpables en mayo de 2012 y fueron inhabilitados para administrar bienes ajenos en 15 años.

En junio de 2010, Marsans y el grueso del imperio de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual entraron en suspensión de pagos. Para buscar una solución, Díaz-Ferrán y Pascual vendieron Marsans a Posibilitum Business, un grupo especializado en liquidar empresas en bancarrota. Sin embargo, y a pesar de una sucesión de embargos y demandas que vinieron posteriormente, no se pudo evitar que una compañía con 108 años de historia echase el cierre.

Díaz-Ferrán también está imputado en el caso de la venta de Aerolíneas Argentinas, en 2001, por presuntas anomalías detectadas en la venta de la compañía aérea argentina a Air Comet. Además, está imputado por el denominado 'caso Mar Blau', en que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares.

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Gerardo Díaz-Ferrán fue presidente de la CEOE entre junio de 2007 y octubre 2010, cuando finalmente cedió a la presión de los que consideraban que, debido a sus problemas empresariales y judiciales, no podía ocupar dicho cargo.