La jueza insiste en que los detenidos del 25-S pudieron atentar contra el Estado
La jueza ratifica su decisión e insiste en remitir la causa a la Audiencia Nacional
En un auto, fechado el 22 de octubre y al que ha tenido acceso la Cadena SER, la magistrada del juzgado de instrucción número 8 de Madrid reitera su decisión de inhibirse a favor de la Audiencia, al considerar que los detenidos pudieron haber cometido un delito contra las altas instituciones del Estado durante las protestas del pasado 25-S en las inmediaciones del Congreso
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En el escrito, la jueza señala que "no han variado las circunstancias" que motivaron la imputación de los 35 detenidos por desórdenes, desobediencia y atentado contra las altas instituciones del Estado y, por tanto, desestima el recurso de la defensa. El auto confirma "en su integridad" la resolución del pasado 27 de septiembre tras la cual imputó en bloque a los 35 detenidos por los mismos delitos. Según la jueza, el caso deberá pasar a la Audiencia Nacional, competente para juzgar estos delitos, a pesar de que el magistrado Santiago Pedraz manifestó en su día que no se había cometido ese delito.
La jueza recuerda que sus diligencias amplían las que se abrieron en el juzgado 35 de Madrid. Una instrucción que pasó por dos juzgados hasta llegar a la mesa del juez la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, donde se instruyó la investigación policial y judicial a los convocantes de la protesta y su entorno. Pedraz archivó la causa contra los 8 promotores del 25-S el pasado 4 de octubre. El delito que tantos quebraderos de cabeza ha dado al ministerio de Interior ha ido pasando de un juzgado a otro y, a pesar del archivo de Pedraz, la jueza aseguró en su día que los manifestantes "pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de la policía".
Según abogados de la defensa de los imputados, lo previsible es que recurran esta última decisión de la juez ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde tres magistraciones volverían a valorar la causa. Tienen 5 días para hacerlo, lo que paralizaría el envío de la instrucción al Alto Tribunal.
El auto de la magistrada coincide con una nueva convocatoria de movilización de la Coordinadora 25-S que llama a rodear - esta vez de manera "literal" - el Congreso de los diputados, donde se debate la aprobación de los Presupuestos Generales para 2013 y en protesta por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.
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