Pedraz pide la sesión del Congreso del 25-S para comprobar si hubo disturbios

La Audiencia Nacional, competente para juzgar estos delitos y tras la inhibición de la jueza de Madrid, suma 35 imputados por desórdenes, atentado contra la autoridad y contra el Estado además de 8 promotores de la concovatoria del 25-S imputados antes de la protesta

En la última providencia firmada por el magistrado del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Santiago Pedraz prentende acreditar si hubo algún tipo de perturbación o alteración en la sesión parlamentaria del pasado 25 de septiembre. Por eso solicita, según el escrito, que una vez visto el estado de las actuaciones se incorpore a la causa el diario de sesiones del pasado 25 de septiembre de la página Web del Congreso de los diputados.

El juez toma la decisión antes de que vayan a declarar el próximo jueves los ocho supuestos promotores el 25-S imputados en la causa y al haberse hecho cargo de los otros 35 detenidos vinculados a los altercados del día de las protestas. Si Pedraz considera que la sesión transcurrió con normalidad, es decir, al no haberse alterado la sesión plenaria, podría archivar la causa por no observar pruebas de delito contra las Cámaras.

Según fuentes parlamentarias, el pleno del Congreso - protegido por un fuerte dispositivo policial de más de 1.300 agentes antidisturbios - se pudo desarrollar con normalidad y finalmente no fue interrumpido por los manifestantes durante la convocatoria "Rodea el Congreso". Un diputado que permaneció hasta el cierre de la sesión, asegura "que pudieron acceder al hemiciclo sin problema" a pesar de la confluencia de manifestantes en las inmediaciones de la Cámara Baja.

En una providencia anterior, del pasado 28 de septiembre, el magistrado solicitó unir a la causa el atestado policial de los 35 detenidos que manejó la magistrada del juzgado número 8 de Madrid. El pasado 25-S el atestado no había llegado a la mesa del magistrado cuando dijo no observar indicios de delitos contra las instituciones del Estado. A raíz del atestado policial de la Brigada Provincial de Información de Madrid, la jueza consideró que los detenidos sí podían haber cometido un delito Constitucional, además de desobediencia y atentado contra la autoridad, inhibiéndose así en favor de la Audiencia Nacional.

Únete al canal de WhatsApp de la SER