La jueza imputa en bloque el delito contra las Instituciones del Estado a los detenidos del 25-S
El Tribunal de Madrid ha dictado prisión provisional eludible mediante fianza de 1.000 euros para uno de los detenidos en las protestas
El juez Santiago Pedraz no asume la investigación del 25-S al tener conocimiento de que los delitos por los que la Policía acusa a los detenidos por los disturbios no son competencia de la Audiencia Nacional.
La juez de guardia de Madrid finalmente ha imputado un delito Constitucional contra las altas Instituciones del Estado a los 35 detenidos durante los incidentes tras las protestas del 25-S. El caso deberá pasar a la Audiencia, Nacional a pesar de que ya ha manifestado que no encuentra delito. 34 de los 35 han qeudado en libertad con cargos.
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Finalmente, el delito que tantos quebraderos de cabeza ha dado al ministerio de Interior, Justicia y Delegación de Gobierno les ha sido imputado a los 35 detenidos tras los altercados del 25-S, un delito Constitucional, contra las altas Instituciones del Estado. Y lo ha hecho en bloque, sin discriminar entre los detenidos en las inmediaciones del Congreso o las calles aledañas de Atocha y Paseo del Prado.
La magistrada del juzgado de instrucción número 8 de Madrid acordó en un auto hecho publico en la tarde de ayer la libertad para 34 de los 35 detenidos tras los disturbios del 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los diputados. Se enfrenta a la imputación de delitos de atentando, desordenes públicos y contra las instituciones del Estado. Después de unos dos días en dependencias policiales, la jueza no ha adoptado medidas cautelares para ninguno de ellos.
Sólo hay uno de los detenidos para el que la jueza ha acordado la prisión eludible bajo fianza de mil euros, en este caso acusado de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Respecto al imputado menor de edad continúa bajo custodia de la Fiscalía de Menores, al estar regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la jueza ha tomado declaración a los detenidos durante toda la tarde después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comunicara a la policía que no era competente para juzgar los delitos de los que se le acusaba, en concreto, contra las altas instituciones del Estado y después de que el Ministerio Fiscal no haya presentado ninguna acusación.
