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El juez suspende las indemnizaciones que se impusieron los directivos de la CAM

El juez adopta esta decisión después de analizar los escritos del letrado designado por el FROB para representar a la CAM, Carlos Gómez-Jara, y de la Fiscalía Anticorrupción

Madrid

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, suspende de forma cautelar los acuerdos firmados por tres exdirectivos de la caja hoy imputados, con los que habrían inflado sus prejubilaciones mediante la falsedad contable provocando un perjuicio económico a la entidad de 25 millones de euros

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El titular del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha decidido este jueves suspender de forma cautelar los acuerdos adoptados por los exdirectores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y por el presidente, Modesto Crespo, con los que supuestamente, inflaron sus prejubilaciones y otras indemnizaciones millonarias mediante la falsedad contable.

El juez adopta esta decisión después de analizar los escritos del letrado designado por el FROB para representar a la CAM, Carlos Gómez-Jara, y de la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como han reconocido los exdirectivos ante el magistrado, en 2011 firmaron los acuerdos para el cobro de sus millonarias indemnizaciones pero les pusieron fecha de 2010. ¿Y por qué?, porque como recalcan las acusaciones, el cálculo de las prejubilaciones se realizaba de acuerdo al balance de la entidad, y con el de 2010 ganaban mucho más que con el del año siguiente.

Además, según la auditora PriceWaterhouseCoopers, cuyo informe está incorporado a la causa, estos directivos "elaboraron una información contable que no reflejaba la situación real de la entidad" en 2010. Una supuesta "falsedad contable" que arrancó en 2008 para el Banco de España. Es decir, los directivos de la CAM afirmaban al cierre de cada uno de esos ejercicios que obtenían beneficios desmesurados, cuando en algunos casos, incluso debieron reflejar pérdidas. También las retribuciones de los directivos se calculaban en base a los balances supuestamente falseados para inflar sus nóminas.

Estos acuerdos anulados por el juez Gómez Bermúdez beneficiaron a los cinco exdirectivos que están imputados por esta causa en la Audiencia Nacional por estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas. Se trata de los citados López Abad, Amorós y Crespo, y de los exdirectores generales de Recursos y Planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb respectivamente.

CAM, responsable civil por la "estafa" de las cuotas participativas

Por otra parte, el magistrado ha abierto una pieza separada para investigar las supuestas irregularidades cometidas por los exdirectivos de la caja en la venta de las cuotas participativas de la entidad, que habría afectado a cerca de 54.000 pequeños clientes e inversores según la asociación de afectados.

Los perjudicados han denunciado el caso porque adquirieron las acciones confiando en la situación de la caja, que según los exdirectivos, reflejaba beneficios. Sin embargo, con la intervención del Estado quedó claro que la CAM se encontraba en quiebra con un agujero cifrado en unos 1.000 millones de euros según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

El Juez Gómez Bermúdez no ve responsabilidad pena en la actual dirección de la CAM. Considera que fueron sus antiguos gestores quienes deberían pagar en caso de condena, pero para garantizar el pago a los miles de afectados considera a la Caja de Ahorros del Mediterráneo responsable civil subsidiario.

La gestión de los cinco directivos imputados y de otros responsables, como el también imputado expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, que se concedió préstamos por más de 20 millones de euros, fue escandalosa y la caja resultó saqueada mediante la realización de numerosas actividades supuestamente irregulares que llevaron a su liquidación. La emisión de cuotas participativas y preferentes consideradas "activos tóxicos" por el Banco de España, o la inversión en 65 sociedades del sector inmobiliario y 104 proyectos de construcción. La exposición de esta caja a este sector era elevadísima. Hasta tal punto que según el FROB, de los 53.000 millones de euros en créditos concedidos por la CAM desde 2002, solo 1.000 eran ajenos al ladrillo.

 
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