Una treintena de facturas irregulares para justificar fondos del gobierno de Camps
El Instituto Noós trató de obtener "ilícitamente" fondos públicos de la Generalitat por valor de 700.000 euros para justificar sus trabajos para organizar los Juegos Europeos, según la Fiscalía Anticorrupción
Urdangarin y su abogado, a su salida de los juzgados de Palma
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el convenio entre el Instituto Noós y la Generalitat Valenciana para organizar los juegos Europeos toma forma. El Ministerio Público ha interrogado a los responsables de las empresas que facturaron supuestos trabajos a tal efecto con esta entidad sin ánimo lucro y concluye en un informe demoledor que existen una treintena de facturas irregulares por importe de 700.000 euros para obtener "ilícitamente fondos públicos".
El duque de Palma, acompañado de su abogado, Mario Pascual Vives, se suben a un coche particular tras abandona los juzgados en su pausa para comer (EFE)
El duque de Palma, acompañado de su abogado, Mario Pascual Vives, se suben a un coche particular tras abandona los juzgados en su pausa para comer (EFE)
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Los fiscales anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y Juan Carrau, apuntalan la investigación sobre el convenio entre el gobierno de Francisco Camps y el Instituto Noós para tratar de organizar en Valencia los Juegos Europeos. Los registros y los interrogatorios de estos últimos días en Barcelona les han permitido concluir que existen indicios de la presunta falsedad de 32 facturas que esta entidad sin ánimo de lucro presentó ante la Generalitat Valenciana para justificar sus trabajos para tratar de organizar los Juegos Europeos.
Trece de ellas emitidas por la mercantil Concept BPMO por importe de 124.000 euros. El administrador de la sociedad ha declarado ante la fiscalía que se le quería encargar el logo de los juegos pero que no efectuó el trabajo porque el evento no tuvo lugar en Valencia. Añadió que esas facturas se las pidió el Instituto Noós y que un logotipo no cuesta 143.000 euros, tal y como figuraba en la documentación intervenida. " Si costara eso, no lo olvidaría", concluyó. Otras 18 facturas procedían de la empresa Lobby Comunicación y sumaban 581.000 euros. La última, por valor de 30.000 euros, fue librada por Marcell Planellas. Con estos datos, el Ministerio Público subraya que la entidad sin ánimo de lucro que dirigían Iñaki Urdangarín y Diego Torres trató de conseguir "ilícitamente fondos públicos".
- <a name="despiece1"></a><b>Estructura empresarial opaca</b>
