La investigación desvela facturas irregulares para organizar los Juegos Europeos

Madrid

La investigación del juez José Castro y de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach sobre los contratos del Instituto Nóos con la Generalitat Valenciana avanza. La policía judicial ha descubierto en los registros practicados la semana pasada facturas irregulares para justificar los 380.000 euros que recibió la entidad dirigida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres. En concreto, 242.000 euros por unos informes sacados de internet y que habrían sido elaborados por una empresa de comunicación. La documentación intervenida pone de manifiesto, sin embargo, que ese dinero acabó en manos del Duque de Palma y de Diego Torres.

La investigación sobre los Juegos Europeos que trató de organizar el Instituto Noós en Valencia comienza a dar sus frutos. Un contrato que reportó a esta entidad sin ánimo de lucro 380.000 euros. Los registros efectuados la semana pasada han desvelado el destino real que los principales imputados en la causa dieron a una parte ese dinero. Según fuentes de la investigación, la policía se incautó de una factura por valor de 242.000 euros a cambio de unos informes deportivos, sacados de internet, por conceptos como "el estudio de investigación del balonmano europeo". Estos informes fueron elaborados por la empresa Lobby Comunicación que, supuestamente, habría recibido por ello la correspondiente contraprestación económica.

Con esta factura, siempre según estas fuentes, se pretendía justificar ante la Generalitat Valenciana que se habían realizado los servicios comprometidos. Sin embargo, los agentes también requisaron un documento manuscrito que reflejaba que esos 242.000 euros que pagó el gobierno de Francisco Camps nunca los ingresó Lobby Comunicación sino que a través de empresas interpuestas terminaron en la caja del Instituto Nóos que dirigían Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Las presuntas irregularidades van mucho más allá. La Generalitat Valenciana no tiene en su poder ninguno de esos informes, que sí aparecieron en la empresa Lobby Comunicación cuando fue registrada por la policía judicial. El convenio a tres bandas para organizar los Juegos del Mediterráneo en Valencia se hizo entre el gobierno de Francisco Camps, la sociedad pública para la imagen de la Comunidad Valenciana y el Instituto Nóos. El convenio lleva la firma del dirigente del PP, Esteban González Pons que entonces era consejero de la Generalitat Valenciana.