El PSOE llevará la reforma laboral al Constitucional si el gobierno no la cambia

Los socialistas creen que la reforma laboral vulnera claramente la Constitución al menos en dos aspectos, la posibilidad que se da a los empresarios de bajar unilateralmente los sueldos y la ampliación a un año del periodo de prueba en los nuevos contratos e formación.

El PSOE está decidido a presentar el recurso ante en Tribunal Constitucional si el Gobierno no modifica estos aspectos. La decisión se ha tomado en una reunión en la sede del PSOE en Madrid presidida por Alfredo Pérez Rubalcaba en la que se ha constatado, según los socialistas, que el decreto aprobado por el gobierno vulnera varios artículos de la Carta Magna.

El grupo socialista es el único que puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque la ley establece que deben hacerlo al menos 50 diputados o senadores y no hay otro partido que llegue a esa cantidad. El recurso se presentará dentro de unos meses, cuando acabe la tramitación parlamentaria de la reforma laboral. Será entonces cuando podrán constatar si el gobierno ha introducido cambios en la ley

Tres aspectos inconstitucionales

El primero de los aspectos que según el PSOE es inconstitucional se refiere a la posibilidad de realizar un período de prueba de un año. Esto rompe, según los socialistas, con el artículo 35 de la Constitución que estable el derecho al trabajo, al permitir el despido sin causa justificada duranta un año. Y va contra el artículo 14, que establece la igualdad de los españoles ante la ley, porque solo se aplica a los que trabajen en empresas de menos de 50 trabajadores.

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El PSOE también ve inconstitucional la posibilidad de que el empresario cambie las condiciones de trabajo y el salario de forma unilateral. Algo que choca con el artículo 37.1 de la Carta Magna, que encomienda la fijación de las condicioens de trabajo a la negociación colectiva.

Y por último también creen en el PSOE que va contra ese artículo de la Constitución la obligación establecida en el decreto de aceptar la decisión de un árbitro cuando empresarios y trabajadores no se pongan de acuerdo en el descuelgue de un convenio