Garzón envía a prisión a cinco políticos de CiU y PSC detenidos en la operación de Santa Coloma

El juez Baltasar Garzón ha emitido una orden de prisión contra cinco de los detenidos en la 'Operación Pretoria' por una presunta trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Entre ellos se encuentra el ex alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz, y los ex altos cargos de CiU, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, asegura en el auto que se les puede imputar un delito de asociación ilícita. El magistrado considera que existe un grupo organizado de personas con ramificaciones en el extranjero.

El juez Garzón imputa un delito de asociación ilícita a los politicos del Partido Socialista de Cataluña (PSC) del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y también a los dos ex altos cargos de Convergencia i Unio por haber creado un grupo organizado que lograba modificaciones en los planes de urbanismo y cobraba comisiones millonarias que luego evadían a paraísos fiscales.

Garzón ha dividido las responsabilidades penales de estos nueve imputados, entre quienes dirigían la trama, amañaban los contratos y los empresarios que pagaban las comisiones.

El agujero que ha descubierto el juez en los tres ayuntamientos investigados, lo que han dejado de ingresar en las arcas municipales en Santa Coloma, San Andreu de Llavaneres y Badalona supera los 44 millones de euros.

Quien más dinero se ha llevado al bolsillo ha sido, según Garzon, el ex parlamentario del PSC, Luis García, quien se ha apropiado de ocho millones de euros. Maciá Alavedra y Luis Prenafeta se llevaron de la trama 637.000 euros que el juez sospecha que están desviados a paraísos fiscales de las islas Yersei.

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Precisamente es el motivo por el que el juez confirma la petición del fiscal de prisión incondicional para los cinco principales responsables. Eso y que, si siguieran en libertad, seguirían cometiendo el mismo delito.

Garzón menciona, de hecho, hasta nueve delitos diferentes, entre ellos blanqueo de dinero, fraude a las subvenciones europeas, delitos de cohecho y tráfico de influencia y, el más destacado, la asociación ilícita, un delito normalmente atribuido a mafias de la droga o a terrorismo.

El jefe de toda la trama era Luis García a quien Garzón califica como el consejero en la sombra. El juez ha dado de plazo hasta el próximo lunes a los empresarios imputados para que depositen las fianzas de 500.000 euros.