Un nuevo caso de corrupción urbanística en Ciempozuelos implica al Ayuntamiento de la localidad madrileña
Se utilizaban documentos de personas fallecidas para la compra de parcelas urbanizables en operaciones que contaban con el visto bueno de dos notarios
La Fiscalía de Madrid ha descubierto un nuevo caso de corrupción urbanística en el municipio de Ciempozuelos, según ha sabido la Cadena SER. Al parecer, un grupo de personas compraban terrenos en connivencia con dos notarios de la localidad, utilizando datos de personas ya fallecidas.
Según fuentes de la Fiscalía, el caso esta siendo investigado ya por un juzgado de instrucción de Valdemoro (Madrid) al haber descubierto una serie de trasmisiones ficticias de las parcelas urbanizables que fueron compradas por la asociación ESPRODE y el Ayuntamiento de Ciempozuelos, utilizando para ello los Documentos Nacionales de Identidad de personas ya fallecidas.
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En concreto, los investigadores han descubierto que este grupo de particulares pudieron utilizar, supuestamente, una documentación ficticia del año 1936, perteneciente a una persona ya fallecida, para comprar 60 parcelas urbanizables al hijo de esa persona. Los dos notarios, en este caso, habrían dado el visto bueno a los nuevos titulares de los terrenos.
Según fuentes de la investigación, el heredero de estas parcelas ha denunciado ante el juez que ha sido "presionado y engañado" para que vendiera estas parcelas por 15 millones de pesetas de las que solo ha cobrado -según denuncia- 800 mil pesetas.
Desde que comenzó esta investigación, el Juzgado de Valdemoro había ordenado, como medida cautelar preventiva, la prohibición de cualquier operación de compra-venta de parcelas hasta que se esclarecieran todos los extremos del caso. Sin embargo, los investigadores han detectado que la orden del juez ha podido ser vulnerada y se han seguido realizando operaciones de compra-venta.
La investigación tiene acreditada que la asociación ESPRODE era propietaria sólo de 4 parcelas y en poco más de seis meses, cuenta ya con 30 parcelas urbanizables con lo que, supuestamente, han seguido haciendo operaciones de compra pese a la prohibición del juez.
