Un Juzgado abre diligencias contra dos ex alcaldes de Ciempozuelos por corrupción urbanística
El juez pide a Anticorrupción que le remita todas las diligencias practicadas hasta el momento
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid) ha abierto diligencias previas contra los ex alcaldes de la localidad madrileña de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón a raíz de la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios "Manos Limpias" contra ellos por los delitos de prevaricación, trafico de influencias y negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, así como contra la ordenación del territorio y cohecho, informaron hoy fuentes jurídicas.
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En un auto, el Juzgado de Instrucción número 2, al que le corresponde este caso por reparto, ha pedido de "forma urgente" a la Fiscalía Anticorrupción que le remita todas las diligencias practicadas hasta el momento en relación con los hechos denunciados por el sindicato y con los terrenos sitos en el Sector 2 Cerro de los Sotos de Ciempozuelos.
Igualmente, el juez de Valdemoro solicita a la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía que le envíe todas las diligencias policiales realizadas sobre los mismos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción incoó el pasado día 16 diligencias de investigación por un delito de blanqueo de capitales contra los ex alcaldes socialistas Tejeiro y Torrejón tras recibir una información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, que apuntaba a la posible comisión de es te delito.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC) remitió un informe denunciando la posible existencia de una actividad de blanqueo de capitales realizada por los ex regidores y otras personas en relación con el cobro de comisiones relacionadas con el desempeño de sus actividades en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Según informó el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, las diligencias investigarían, además del delito de blanqueo de capitales, a aquellas personas que hubiesen podido intervenir en estos hechos así como las resoluciones administrativas que se hayan podido dictar contrarias a la ley y que podrían dar lugar a un delito de prevaricación.
