La CE considera ilegales 500 millones en ayudas de la SEPI a Izar

Bruselas

La Comisión Europea (CE) prevé declarar ilegales el próximo día 12, miércoles, cerca de 500 millones de los préstamos e inyecciones de capital concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a los astilleros públicos integrados en el actual grupo en Izar, según han explicado fuentes comunitarias. También exigirá el reembolso de 308 millones a las arcas públicas, puesto que 192 millones ya han sido devueltos.

Se trata de una serie de préstamos por 194,4 millones a las antiguas empresas públicas de construcción naval Cádiz, Juliana y Manises; inyecciones de capital por 68,2 millones a estas tres empresas y a la también pública Astano; y una aportación de capital al holding de astilleros públicos Astilleros Españoles (AESA) por 252,4 millones, transferida a Puerto Real, Sestao y Sevilla.

LARGA INVESTIGACIÓN

Tras casi un año de estudio, los servicios del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, han concluido que estas ayudas suponen una distorsión de mercado y no se ajustan al régimen específico de ayudas a los astilleros, que sólo permite subvenciones a aquéllos afectados por la competencia desleal surcoreana. Por ello, Monti ha propuesto al conjunto de la Comisión que las declare ilegales y exija su reembolso a las arcas estatales. Las fuentes aseguran que no hay oposición en el colegio de comisarios a la propuesta de Monti.

Sin embargo, la investigación se remonta hasta 1997, cuando Bruselas autorizó al Gobierno a conceder ayudas a la reestructuración de los astilleros públicos por valor de 811 millones, con la condición prevista por la regulación europea de que no le proporcionase ayudas adicionales. La SEPI realizó varias operaciones de transacción entre AESA, holding de astilleros públicos, y Bazán, grupo militar de construcción naval, que desembocaron en la fusión de todos los astilleros españoles en una sociedad llamada inicialmente Bazán y actualmente Izar. En julio de 2000, la Comisión dudó de algunas operaciones y, en mayo de 2003, amplió el dossier para investigar las inyecciones de la SEPI a empresas hoy integradas en Izar.