Solbes enviará a Bruselas el avance sobre el plan de viabilidad de Izar
La Comisión Europea exige la devolución de más de 308 millones de euros
El Gobierno enviará hoy a Bruselas un avance con las líneas generales del plan de viabilidad diseñado por el Ejecutivo para el grupo de astilleros públicos Izar, así como su propuesta para la devolución de ayudas que reclama la Comisión Europea, según informó ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes eludió concretar cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo pero recordó que la devolución de las ayudas que el Ejecutivo comunitario considera ilegales sólo puede enmarcarse dentro de una acción "más general" que, a su vez, implique un "planteamiento global" sobre el futuro de Izar.
Precisamente, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, ha solicitado comparecer en los próximos días ante la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre el plan de futuro de Izar diseñado por el grupo de trabajo interministerial creado al efecto.
El texto que ha preparado el grupo de trabajo interministerial, asesorado por la consultora Accenture, mantiene la dualidad en Izar de astilleros civiles y militares y busca el consenso de comunidades autónomas afectadas y agentes sociales.
AYUDAS ILEGALES
Tras la decisión de la Comisión Europea de exigir a Izar la devolución de más de 308 millones de euros, recibidos a través de ayudas públicas contrarias a la legislación de la Unión Europea en 1999 y 2000, el pasado 13 de mayo el Gobierno del PSOE acordó la creación de una comisión interministerial que tendrá que presentar un plan de futuro para los astilleros ante la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.
En 1997, en el marco del plan estratégico de competitividad 1994-1998 del sector de construcción naval en España, la Comisión Europea aprobó un último paquete de ayudas después de que el Gobierno se comprometiera a que los astilleros públicos no percibirían más ayudas de reestructuración, rescate, compensación de pérdidas o privatización. Desde ese año, por tanto, las ayudas públicas a los astilleros son ilegales en el marco de la UE.
La Comisión Europea ha dado al Gobierno español un plazo de dos meses para que informe de las medidas previstas o adoptadas para dar cumplimiento a su decisión y mantiene abiertos otros cuatro expedientes distintos a Izar sobre casos similares de posibles ayudas de Estado, por un importe superior a los 1.000 millones de euros.
