La nueva PAC entrará en vigor en España en enero de 2006
La COAG estudia emprender acciones legales contra Arias Cañete por "consentir la competencia desleal"
La reforma de la Política Agraria Común (PAC) comenzará a aplicarse en España a partir del 1 de enero de 2006, tras acuerdo de las 17 Comunidades autónomas que asistieron hoy a la reunión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Zaragoza, y a la que también acudió el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Aunque quedaron algunos temas pendientes por cerrar en la reunión de hoy y, pese a que las situaciones de partida entre las distintas comunidades eran muy diversas -unas apostaban por aplicar la PAC en 2005 y otras en 2007-, finalmente las posturas se decantaron por un punto intermedio.
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El ministro de Agricultura subrayó en rueda de prensa, tras la conferencia sectorial, que "las comunidades que apostaban por el 2005 han comprendido las dificultades de esta fecha", principalmente motivadas por el pago único.
Así, con caráter definitivo se habían pronunciado Navarra y Cataluña para la aplicación de la PAC en 2005, y gran parte de las restantes preferían tambièn este año, mientras que Extremadura apostaba por el 2007. Al final, destacó Cañete, "hemos creído mejor el 2006".
LOS AGRICULTORES EN LA CALLE
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) anunció hoy a través de un comunicado la posibilidad de emprender acciones legales contra el ministro de Agricultura por "consentir la competencia desleal", dentro del proceso judicial contra el nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.
Varios centenares de agricultores y ganaderos de diferentes comunidades autónomas españolas han participado hoy en la manifestación convocada en Zaragoza por COAG para exigir una Política Agraria Comunitaria (PAC) "justa y legitimada socialmente".
Los manifestantes portaban pancartas en las que pedían "una PAC a favor de los agricultores a título principal", la puesta en marcha de una "Ley Básica de Agricultura a favor de la explotación familiar", y una "soberanía alimentaria".
Ante la puerta del Gobierno de Aragón se leyó un manifiesto en el que exigía el máximo retraso en la entrada en vigor de la "perversa PAC del desacoplamiento", a la vez que rechazaban los recortes de las ayudas "que se van a aplicar, sin distinguir entre los profesionales y los especuladores".
