Menús flexibles con "raciones de distinto tamaño" y sobras para llevar "sin coste": las novedades de la Ley de Desperdicio Alimentario

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario. Una norma que el Gobierno presentó por primera vez en 2022, pero cuya tramitación quedó interrumpida por las elecciones generales de 2023, y que entrará en vigor en cuanto la publique el BOE. En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley advertía que «el mundo desarrollado produce hoy alimentos en cantidad y calidad suficiente para la mayoría de su población, permitiendo un reparto adecuado y a un precio razonable». Pero, a pesar de esos avances, «aún hoy para millones de personas en todo el mundo el hambre es una amenaza real y una desdicha cotidiana», por lo que «las pérdidas y el desperdicio de alimentos son señal de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios y de una falta de concienciación social». La ley tiene en cuenta también que, según la FAO, «solamente entre las fases de la postcosecha y la venta minorista se pierde hasta el 14 % de la cantidad de alimentos que se producen en todo el mundo» por varios motivos: prácticas de producción inapropiadas, deficiencias en las condiciones de almacenamiento y control de la temperatura, comportamiento inapropiado de las personas consumidoras durante la compra... Pero la ley también recuerda que «no solo se desperdician esos alimentos», sino también «los significativos recursos empleados para producirlos, los ingentes esfuerzos humanos, técnicos y económicos invertidos y el valor agregado logrado con tanto trabajo y dedicación», por lo que «el desperdicio supone una ruptura de las cadenas de valor del sector primario, un freno para el desarrollo económico de muchas regiones y operadores, en especial de las zonas rurales, y una inversión baldía que no se podrá dedicar a otros fines», cifrando las pérdidas en 728.000 millones de euros al año. En los artículos 8, 9 y 10, la ley contempla varias «obligaciones específicas» para las empresas de hostelería y restauración, las que se dedican a la distribución de alimentos para la donación y para las Administraciones públicas. La que más gente va a notar, sin duda, es que los restaurantes tendrán «la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno [...], los alimentos que no haya consumido, salvo en los formatos de servicio de bufé libre o similares, donde la disponibilidad de comida no está limitada, así como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o el menú». Para ello, según el texto, «se emplearán envases aptos para el uso alimentario, reutilizables, o fácilmente reciclables». Las Administraciones públicas, por su parte, estarán obligadas a «llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario», elaborar guías de buenas prácticas, poner a disposición de los agentes de la cadena alimentaria «modelos de planes de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario» o «formar y sensibilizar» a los consumidores en materia de compra sostenible, cocina de reaprovechamiento, buenas prácticas de almacenamiento, o correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferentemente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte, estará obligado a «analizar cuantitativamente el desperdicio alimentario en los hogares y el desperdicio del consumidor fuera de los hogares» y a publicar toda la información disponible «en relación con el desperdicio alimentario en cada uno de los eslabones de la cadena». Pero el texto incluye también en un amplio capítulo de buenas prácticas que no son de obligado cumplimiento, pero sí señalan el camino. A los establecimientos de comercio al por menor, por ejemplo, les insta a «disponer de líneas de venta con productos feos, imperfectos o poco estéticos, promover el consumo de los productos de temporada, los de proximidad, los ecológicos y los ambientalmente sostenibles e incorporar y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los alimentos», así como «exponer en lugar visible para las personas consumidoras propuestas de divulgación de las Administraciones competentes» relativas a la planificación de los menús o las buenas prácticas de almacenamiento. A la hostelería, por su parte, le propone «fomentar la incorporación de criterios de compra sostenible» para, así, «reducir la huella ambiental y promocionar la economía de proximidad», pero también «promover la flexibilización de los menús, para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño», fomentar la donación de alimentos con fines sociales o fomentar el compostaje de restos alimentarios.

Menús flexibles con "raciones de distinto tamaño" y sobras para llevar "sin coste": las novedades de la Ley de Desperdicio Alimentario

La comida que acaba en la basura nos cuesta 728.000 millones de euros al año

Carlos G. Cano

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