Sanz Larruga señala que la aplicación de la ley del litoral dependerá de la voluntad política del gobierno para negociar transferencias
El Tribunal Constitucional ha avalado la ley gallega tras los recursos del gobierno
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Javier Sánz Larruga, autor de la Ley Gallega del litoral
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A Coruña
El aval de la Ley gallega del litoral planteado por el Tribunal Constitucional es la noticia. El Director del Observatorio del litoral de la UDC, el equipo que ha elaborado la ley, Javier Sanz Larruga ha señalado que la aplicación de la ley dependerá de la voluntad política del gobierno para negociar transferencias y derivar recursos a Galicia. Lo ha hecho en otras comunidades que gestionan su litoral tras haber reformado sus estatutos, en este caso el Tribunal ha señalado que no es necesario reformar el estatuto de autonomía de Galicia para que la Xunta asuma las competencias.
Sanz Larruga ha estado en Hoy por hoy en las Rías y ha señalado que el desarrollo de la ley obligará a la colaboración entre administraciones y afectará también a otros territorios.
La nueva ordenación del litoral permitirá la recuperación de construcciones en línea de costa con valor patrimonial para darles, señala, un uso turístico no intensivo. Solamente, subraya, los que tengan valor patrimonial.
Advierte de que la ley es muy proteccionista y se ha desarrollado con la perspectiva de poner en valor las actividades económicas ligadas al mar en Galicia, con exigencias de control ambiental y gestión paisajística.
La sentencia del Constitucional desestima 70 de las 72 impugnaciones incluidas en el recurso de inconstitucionalidad y descarta que Galicia deba modificar su Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones de utilización y ocupación de la costa porque "tiene competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral". El tribunal considera que la ley gallega salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas. Únicamente, se declaran inconstitucionales las competencias exclusivas de la Xunta en vertido de aguas residuales y el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones. El voto particular de una magistrada alerta sobre los problemas que pueden surgir ante situaciones de contaminación ambiental.
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