Bruselas abre expediente por segunda vez a España por la prórroga de la concesión de la AP-9

A Coruña

Segundo toque de atención de la Comisión europea sobre la prórroga irregular de la concesión de la AP9 en respuesta a las iniciativas de la asociación En Colectivo contra los peajes en la principal vía de comunicación de Galicia. Ha abierto nuevos expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y la normativa sobre la concesión de autopistas. El estado tiene dos meses para responder y "subsanar las deficiencias" lo que, según En Colectivo, podría llevar a que los peajes terminaran antes de fin de año y se rescatara la concesión. La Comisión puede llevar a España al Tribunal de Justicia si no recibe respuesta satisfactoria.

En Colectivo explica que el Estado no ha permitido acceder a las alegacones presentadas tras su primera denuncia, en 2021, y pide transparencia para que la opinión pública conozca las explicaciones del gobierno en esta segunda ocasión. Recuerda AUDASA facturó más de 160 millones en el último año a costa de los peajes de los gallegos, los más de 800 millones de beneficios van a parar a su propietario actual, un fondo holandés. Diego Maraña, su portavoz.

Explica que, una vez se ponga en marcha el proceso de reversión de la prórroga, si se confirma, se iniciaría el procedimeitno para reclamar las cantidades abonadas para lo que advierte de la necesidad de pagar con tarjeta o de reclamar recibo.

Junto al segundo expediente por la Ap9 la Comisión ha decidido abrir otro procedimiento por la prórroga de la concesión de la Autopista de Huerga,en León y Asturias y otra vía de alta capacidad de Hungría. Advierte la Unión que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía las directivas que llevan a abrir a la competencia entre empresas de toda la UE las licitaciones públicas.

El Bloque pide a la Comisión Europea que haga público el expediente abierto contra la prórroga de la AP-9

El BNG ha solicitado a la Comisión Europea que haga pública la documentación sobre el expediente abierto a España por la prórroga de la concesión de la AP-9 a la compañía Audasa por un posible incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y de la normativa sobre la concesión de autopistas.

La eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, ha responsabilizado a "la dejadez" de PP y PSOE de la situación de la AP-9. Recuerda que los gallegos pagamos una prórroga de la ampliación hasta 2048 por una decisión del gobierno Aznar en el año 2000. Critica también la inacción del PSOE por no reaccionar cuando la Comición Europea abrió el procedimiento de infracción en 2021. En eso momento ya se podría haber declarado nula la prórroga y hemos seguido pagando.

Ha reclamado al Gobierno central que "aproveche" la situación abierta por la decisión de Bruselas y proceda al rescate de la autopista para, de este modo, "terminar con el agravio" y la "discriminación" a Galicia.

AP-9

Después de trascender la decisión, la Asociación En-Colectivo ha emitido un comunicado en el que incide en que la CE, en respuesta a una denuncia realizada por dicha entidad en julio de 2019, ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento adicional al Gobierno de España por incumplimiento de las normas sobre contratos de concesión de la autopista AP-9.

En su dictamen, según explica, la Comisión aborda diversas cuestiones relacionadas con esos contratos y considera que España prorrogó la duración de dos concesiones de autopistas "sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE".

Tal y como se apunta, el escrito enviado al Gobierno español tiene por objeto garantizar el respeto de las normas de la UE sobre concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia.

El presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha valorado la apertura de este procedimiento que viene a demostrar, subraya, que "conforme pasa el tiempo, la situación de esta concesión está más en entredicho". "Se trata de un gran avance en este asunto y supone una gran noticia para todos los gallegos", ha enfatizado.

"Cada día más cerca del fin del cobro de los peajes"

"Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión", ha agregado.

Asimismo, desde la asociación se solicita al Gobierno transparencia para que todos los gallegos puedan conocer el contenido del escrito remitido por la Comisión Europea y la respuesta que se le vaya a dar.

España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión y en caso de que no responda, la Comisión puede decidir enviarles un dictamen motivado.

Procedimiento abierto

Tras la denuncia realizada por esta asociación de consumidores en julio de 2019 ante la Comisión Europea se abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9.

En septiembre de 2021, desde Bruselas ya se envió una carta de emplazamiento al Gobierno de nuestro país por considerar que al modificar y al prorrogar el contrato de concesión de la autopista AP-9, sin publicar un anuncio de licitación y sin que haya tenido lugar procedimiento alguno de adjudicación del contrato así modificado, España había incumplido la normativa.

Según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante el inicio de una nueva licitación.

Denuncia de En Colectivo

En la denuncia presentada por En Colectivo el 9 de julio de 2019 se indicaba que los Reales Decretos 1809/1994 y 173/2000, que conceden sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la autopista hasta el 2023 y el 2048, respectivamente, incumplían diferentes Directivas de la Unión Europea.

Desde la Asociación se solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de ambos reales decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.

En concreto, se incidía en que las prórrogas aprobadas en los años 1994 y 2000 equivalen a una nueva concesión y, por ello, deberían haberse convocado las necesarias licitaciones. No haberlo hecho, agregaban, "impide el derecho a la libertad de establecimiento y a su ejercicio, y hace imposible la libre prestación de servicios".

También se informaba de que estas prórrogas de Audasa "afectan directamente" al comercio de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna alternativa a la vía con unas condiciones semejantes, lo que sí ocurre en otros territorios del Estado.