La Audiencia mantiene en prisión a la secretaria del ‘conseguidor’ Marjaliza
La Sala recuerda que Ana María Ramírez escondía “ocultos detrás de cómodas, debajo de colchones y en bolsas bajo las camas” documentos sobre cuentas en paraísos fiscales y el entramado co-liderado por el exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados
La red Púnica comandada por Francisco Granados y David Marjaliza es juzgada en la Audiencia Nacional.(EFE)
Madrid
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de libertad de Ana María Ramírez, secretaria personal del empresario David Marjaliza, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas y por tratarse de un elemento “clave” dentro de la supuesta organización criminal dedicada a las adjudicaciones irregulares, sobre todo en municipios de Madrid y en la comunidad, a cambio de mordidas.
Los magistrados recalcan que Ramírez no solo ha sido la secretaria personal del ‘conseguidor’ Marjaliza durante los últimos 18 años, sino que figuraba como administradora en varias de sus empresas pantalla, e incluso gestionaba la residencia para mayores de Valdemoro, que ha facturado al consistorio del que fuera alcalde Granados, de forma supuestamente irregular, 11.986.465,8 euros entre 2008 y 2013.
La Sala tiene en cuenta las apreciaciones del magistrado instructor, Eloy Velasco, para quien Ana María Ramírez “controla y ejecuta los cambios de titularidad de las sociedades creadas” por Marjaliza, “siendo conocedora y cooperadora en la realización de facturas y presentación de falsas auditorías”.
Los magistrados recuerdan que en el registro del domicilio de Ana María Ramírez, fueron hallados “ocultos detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas debajo de las camas”, documentos consistentes en “correos referidos a las cuentas de Suiza y Singapur” de Marjaliza, así como “organigramas de las empresas creadas y contratos privados que ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama, así como un sobre conteniendo diversas divisas y otro con 24.345 euros”.
Francisco Granados “utilizó sus cargos públicos e influencia” para delinquir
El auto de la Sala también repara en el papel fundamental del exalcalde de Valdemoro, exsecretario general del PP en Madrid y exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
Sostiene que entre 2000 y 2011, primero desde la alcaldía de Valdemoro y después como consejero de Presidencia y más tarde de Presidencia, Justicia e Interior, “conformó una trama que ha utilizado los cargos públicos por él desempeñados y su influencia en los alcaldes que le sucedieron en Valdemoro” –José Miguel Moreno Torres (2003-2011) y Carlos Bozas Lechuga (desde 2011 hasta la actualidad)-, “para conseguir a favor de las empresas creadas por David Marjaliza o por sus socios, los constructores José Luis Capita Gallardo y Ramiro Cid Sichune, contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos y adquisiciones de terrenos del ayuntamiento de Valdemoro, con absoluta inobservancia de las normas rectoras de la contratación pública, acarreando un importante menoscabo para las arcas públicas”.
