Aprobados los nuevos currículos de Primaria y FP Básica de la ley Wert
La número 2 de Educación advierte a las comunidades de que tienen que aplicar la ley y recuerda que cualquier retraso podría poner en peligro la titulación de los alumnos
El ministerio emplaza ahora a las comunidades a que hagan su trabajo y recuerda que cualquier posible retraso en la aplicación de la ley perjudicaría seriamente a los alumnos de esos territorios. En una velada advertencia a las autonomías que han cuestionado los plazos, la secretaria de Estado de Educación recuerda que "no aplicar una ley orgánica no es una opción".
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Los nuevos currículos de Primaria y FP Básica incorporan, entre sus principales novedades, la escisión de Conocimiento de Medio en dos asignaturas: Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, así como la incorporación de la nueva alternativa a la Religión católica que llevará por nombre Valores Sociales y Cívicos.
El Estado fijará los contenidos de las llamadas asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Primera Lengua Extranjera, y regulará los criterios de evaluación en las llamadas asignaturas específicas (Educación Física, Religión/Valores Sociales y Cívicos, Educación Artística, y Segunda Lengua Extranjera), cuyos contenidos serán definidos por las comunidades autónomas, al igual que los de las asingaturas de libre configuración autonómica.
Con la aprobación de estos Reales Decretos, el ministerio asegura cumplir a tiempo sus compromisos para que las comunidades autónomas tengan plazo suficiente para elaborar sus decretos autonómicos. Un calendario que Cataluña, Andalucía, Canarias, Asturias y País Vasco han cuestionado reiteradamente al considerar que hay muy poco tiempo para garantizar un trabajo adecuado en la implantación de la ley.
Preguntada por la hipótesis de que algunas comunidades no tuvieran desarrollados a tiempo sus decretos, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha señalado que "no aplicar la ley no es una opción" puesto que se trata de una ley orgánica de obligado cumplimiento para todas las administraciones. Además, Gomendio ha señalado que es una "casualidad que sean justo las comunidades gobernadas por partidos que se han comprometido a derogar la norma las que consideran que no da tiempo, cuando el resto de autonomías no han planteado estos problemas".
La número 2 de Educación ha recordado que el ministerio ya ha hecho sus deberes y ahora es el turno de las comunidades autónomas a cuya responsabilidad ha apelado para la puesta en marcha de la norma el próximo curso. En ese sentido, y ante un hipotético retraso en la aplicación de la ley en algunas comunidades, Gomendio ha recordado que la ley de Educación prevé una serie de evaluaciones que los alumnos tendrán que aprobar para lograr el título y pasar de etapa y que, por lo tanto, cualquier posible demora en la aplicación del currículum "debería ser de gran preocupación para las familias porque pone en riesgo que sus hijos obtengan el título de Eso y de Bachillerato".
La secretaria de Estado también ha señalado que con carácter inminente el ministerio aprobará el currículum correspondiente a Ceuta y Melilla, y ha ofrecido esos desarrollos al resto de comunidades para que, si quieren, puedan adherirse total o parcialmente a esos planes de estudio.
En el caso de la FP Básica hoy se han aprobado 14 títulos. Son enseñanzas de dos años académicos de oferta obligatoria y carácter gratuito dirigidos a alumnos entre 15 y 17 años, que hayan cursado tercero de la ESO o excepcionalmente segundo de la ESO, previa recomendación de los equipos docentes y el consentimiento de los tutores legales o del propio alumno si está emancipado.
El ministerio ha acordado un plazo de transición de dos años para que se acometan los cambios precisos que supondrán los nuevos ciclos en cuanto a los profesores y centros que impartirán los nuevos ciclos de FP Básica.
La aprobación de los Reales Decretos se produce apenas unos días antes de que finalice el plazo para la presentación de recursos contra la ley Wert ante el Tribunal Constitucional, una medida que ya han anunciado tanto el PSOE como los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias.
