La IGAE afirma que la Comunidad de Madrid ocultó al juez los contratos con la trama Gürtel

Madrid

El Gobierno de Ignacio González no ha remitido a la Audiencia Nacional la información que reclamó sobre 71 de los cientos de actos que las empresas de la trama Gürtel organizaron para la Comunidad de Madrid. Sólo tres de las siete conserjerías requeridas han aportado documentación. Otras cuatro no lo han hecho, entre ellas, las que más contrataron a las empresas investigadas. Los departamentos de Presidencia y Educación que pagaron a la trama Gürtel más de cuatro millones de euros. Así consta en el último informe de la Intervención General del Estado que ya maneja el juez Pablo Ruz.

La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que pone por escrito la nula colaboración del Gobierno de Ignacio González con la investigación de la trama Gürtel. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que sólo tres de las siete consejerías de la Comunidad de Madrid a las que reclamaron documentación sobre 71 de los cientos de actos adjudicados a las empresas investigadas han facilitado información. Curiosamente, dicen los peritos, entre las cuatro que no han remitido información están las que más actos contrataron y las que más dinero pagaron a las empresas vinculadas a Francisco Correa. Las consejerías de presidencia y educación desembolsaron más de cuatro millones de euros.

A pesar de esta falta de colaboración, los funcionarios han cumplimentado el informe "con la documentación intervenida en los registros" y concluyen que las sociedades de la trama "fraccionaron artificialmente el objeto de estos 71 contratos con facturas inferiores a los 12.000 euros" para eludir el concurso público. Añaden que contaban con una red de mercantiles que eran las que realmente prestaban los servicios y con las que establecían "un sistema de compensación cruzada por el cual estas empresas facturaban a la Comunidad de Madrid y posteriormente el grupo de Francisco Correa les emitía facturas por importe inferior siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios como intermediarios".

Los peritos sostienen que el gobierno madrileño contrataba "al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso a partir de unas instrucciones verbales". El principal enlace de la trama con la administración era Alberto López Viejo, el que fuera viceconsejero de presidencia y hombre fuerte de Esperanza Aguirre. Según el informe el importe de la mordida que habría obtenido a cambio de la adjudicación de 347 actos a estas empresas fue de casi 290.000 euros.