Los expertos también creen que las pensiones perderán poder adquisitivo

Estuvieron trabajando durante más de un mes en una propuesta de reforma de pensiones, y ahora que el Gobierno ha enviado al Consejo Económico y Social un anteproyecto de ley inspirado en sus trabajos, examinan los efectos que tendría el proyecto del Ejecutivo sobre las pensiones. La SER ha preguntado a tres de los miembros del Comité de Expertos que elaboró el informe sobre la conveniencia de crear un factor de sostenibilidad para el sistema español de pensiones, y los tres coinciden en que, si el Gobierno se limita a aplicar la fórmula que propone y no hace por aumentar los ingresos o recortar los gastos, las pensiones perderán poder adquisitivo en los próximos años.

Los tres expertos consultados son Santos Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid; Ignacio Conde Ruiz, sub-director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); y José Enrique Devesa, Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia. Los tres, aunque con matices, coinciden en que aplicar la fórmula que propone el Gobierno sin más produciría una merma del poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, al propiciar subidas de pensiones que quedarían claramente por debajo de la inflación.

Como el Gobierno no ha proporcionado los datos sobre los que basa sus supuestos (que la reforma ahorrará 33.000 millones entre 2014 y 2022) los expertos no se atreven a decir exactamente cuánto poder adquisitivo perderían las pensiones. Sólo Ruesga aventura una hipótesis: "se puede producir una caída del poder real de las pensiones acumulado en torno al 10-12%, si no es algo más, en estos cuatro o cinco años [que vienen]", calcula.

Menos poder de compra

Conde-Ruiz y Devesa se resisten a hacer predicciones con cifras, pero comparten la idea de que la fórmula por sí sola no puede provocar otro efecto inmediato más que el recorte en el poder de compra de las pensiones. "Si no se hace nada más, se deja el gasto como está y los ingresos como están, todo parece indicar que vamos a entrar en un periodo de semicongelación de las pensiones", asegura Conde-Ruiz, "lo cual no tiene mucho sentido económico, porque un jubilado recibe su primera pensión y va perdiendo poder adquisitivo con el tiempo, mientras que su perfil de consumo es más bien creciente. Esto le presenta un problema: que la pensión le permita comprar cada vez menos cosas", mientras que cada vez necesitaría más, explica.

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Devesa, por su parte, cree que "es posible que pasen tres, cuatro y cinco años en los que tengamos que aplicar la cláusula suelo de revalorización [sólo un 0,25% de subida al año, independientemente de lo que hagan los precios]". Pero insiste en que hay margen político para actuar si se quiere evitar este efecto: "si creemos que en el futuro las pensiones se van a revalorizar menos que el IPC y queremos que se revaloricen cerca del IPC, pues la solución es darle mayores ingresos al sistema o disminuir los gastos". "El factor de sostenibilidad nos indica por qué senda hemos de ir para conseguir ese objetivo", concluye.

Alternativas al recorte de poder adquisitivo

Conde-Ruiz señala algunas posibilidades en este sentido: "Hay cosas que se pueden hacer. Por la parte del gasto se puede pensar en considerar toda la vida laboral [para el cómputo de la pensión] o posponer más la edad de jubilación. Por el lado de los ingresos, uno podría considerar a lo mejor utilizar una parte del IVA [para financiar el gasto], o que algunas pensiones y contingencias se pasasen a los Presupuestos Generales del Estado". "Si consigues contener el gasto futuro y dotas de más ingresos al sistema, conseguirías mantener el equilibrio presupuestario sin congelar las pensiones", resume.

Ruesga, el único de los doce expertos que votó en contra del informe de la Comisión, cree que el Gobierno no buscará evitar el recorte en el poder adquisitivo porque ésa es precisamente la meta de la reforma. "Fue uno de los argumentos en los que me apoyé para no estar de acuerdo con el informe final de la Comisión de Expertos: en los próximos años va a producir una caída importante del valor real de las pensiones. Ese era el objetivo que se buscaba, y es el resultado que se va a obtener de la modificación de la normativa [que prepara el Gobierno]", asevera.

Transparencia

En cuanto a otro de los objetivos de la reforma -según el Gobierno-, dar tranquilidad y certidumbre a los pensionistas, los expertos creen que se podría haber hecho un trabajo mejor. En particular, en el mecanismo que regula el ritmo de corrección de los desequilibrios a la hora de revalorizar las pensiones, lo que se conoce técnicamente como coeficiente alfa. Los expertos creen que el diseño que ellos hicieron es más transparente, menos discrecional, del que propone ahora el Gobierno. "El alfa lo dejan a la decisión de los Presupuestos Generales del Estado; nosotros preferiríamos una forma más estable, que no dependiera de decisiones que se tomen año a año", dice Ignacio Conde-Ruiz. Devesa coincide: "Nosotros creemos que se le debe dar un valor concreto y mantenerse para todo el tiempo, no ir cambiándolo anualmente, como recoge el anteproyecto. Ahí hay cierta discrecionalidad". En todo caso, Conde Ruiz cree que el mecanismo que se pondrá en marcha será más claro que el sistema vigente en este momento: "Yo creo que se va a ganar transparencia respecto a lo que existía hasta ahora", opina.

Ruesga discrepa de estas opiniones: cree que el mecanismo que ha diseñado el Gobierno está plagado de discrecionalidad política y es opaco. Todo, porque la fórmula de revalorización depende mucho de las previsiones que haga el Ejecutivo: "Deja a la discrecionalidad del Gobierno de turno las previsiones, así que en un momento dado la revalorización puede ser mayor o menor en función de los intereses [del Ejecutivo]", resume Ruesga. "Por eso en países como Suecia se prescindió de fórmulas que llevaran consigo previsiones en un plazo tan largo como son cinco años, que el mecanismo español sí que recoge". Eso, sumado a la posibilidad de modificar anualmente el coeficiente alfa mencionada anteriormente, lleva a Ruesga a concluir que, lejos de crear un sistema más claro para los ciudadanos, "a dos años vista difícilmente se va a saber cuál va a ser la evolución de las pensiones".