Cataluña, Andalucía, País Vasco, Canarias y Asturias, contra la reforma de la Administración

Las diferentes comunidades autónomas han reaccionado frente al plan del Gobierno de reformar las administraciones regionales con recelo. En especial, critican la recomendación que el Ejecutivo central lanza sobre la necesidad de eliminar figuras como la del Defensor del Pueblo, alegando duplicidades y que se encuentra en los Estatutos de las diferentes autonomías.

El Govern catalán se ha mostrado contrario a la nueva reforma de las administraciones públicas que quiere impulsar el Gobierno central y ha advertido de que no la va a aplicar. Artur Mas ha criticado que el Gobierno central "dé lecciones" a las comunidades autónomas sobre qué organismos se deben eliminar para evitar duplicidades cuando en Madrid todavía "no han hecho los deberes". El presidente de la Generalitat ha subrayado que siguen existiendo ministerios como los de Educación, Cultura o Sanidad que tienen todas las competencias transferidas a las comunidades y ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cerrarlos. El líder de CiU, por su parte, se ha mostrado contundente en su valoración al considerar que "el Ejecutivo central ya empezó echando la culpa de todo a los ayuntamientos cuando la deuda de los ayuntamientos es prácticamente cero".

Andalucía va más allá. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha afirmado que el Estatuto de Autonomía "salvaguarda" al Defensor del Pueblo Andaluz, como otras instituciones, de la reforma de la administraciones públicas planteada por el Gobierno, que ha calificado como "poda de la autonomía local y autonómica". En este sentido, ha señalado que "no ha habido ningún elemento de diálogo" del Ejecutivo con las regiones y las fuerzas políticas "para concretar la orientación" de la reforma. "En democracia, las formas cuentan y las formas que se han conducido para llegar a estas medidas ha sido la forma de dar la espalda al diálogo y la búsqueda del consenso político, tanto territorial como entre las organizaciones y fuerzas políticas", ha asegurado.

El Gobierno vasco descarta cualquier posibilidad de estudiar la eliminación de las figuras del Defensor del Pueblo (Ararteko) y del Tribunal Público de Cuentas, en contra de la propuesta que maneja el Ejecutivo central dentro del plan hecho público este viernes. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu entiende que ambas figuras disponen de "plena vigencia" en el actual entramado institucional y proporcionan, además, una reconocida función social. Así, apuesta por la continuidad de estos dos departamentos, cuyo funcionamiento dispone de una asignación presupuestaria y sus funciones son ejercidas por delegación del Parlamento vasco.

El Gobierno canario, por su parte, también advierte que la reforma aprobada por el Ejecutivo central ''choca'' con el Estatuto de Autonomía. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Francisco Hernández Spínola, ha señalado en un comunicado que las instituciones de autogobierno "deben mantenerse", aunque admite la posibilidad de revisar las normas y leyes que regulan estas instituciones. "Veo viable reducir estructuras y composición, pero no suprimir estas instituciones a las que el Estatuto de Autonomía atribuye funciones muy concretas y relevantes", valoró Spínola, para quien la propuesta del Gobierno ha nacido con una defecto "sumamente grave".

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El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, califica la reforma de "chantaje" y de "injerencia intolerable" en las competencias de las comunidades. Además, ha insistido en que no está en contra de la racionalización de recursos, una medida que ya se está aplicando en el Principado. "El Gobierno no se entera de lo que significa la autonomía política de una Comunidad ni el modelo de Estado", reprochó ayer. Asturias aprobó ayer la supresión de la Procuraduría (Defensor del Pueblo), pero el Tribunal de Cuentas goza de un gran apoyo.

El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha expresado su respeto hacia la recomendación del Gobierno de suprimir los Defensores del Pueblo, que en Castilla y León es la Institución del Procurador del Común, como medida de ahorro, aunque ha insistido en que estas entidades son necesarias y no suponen una duplicidad de funciones.