El Gobierno espera ahorrar 6.500 millones de euros con la reforma de la administración

Soraya Sáenz de Santamaría asegura que la reforma aprobada hoy por el Gobierno supondrá un ahorro de 6.500 millones de euros para las administraciones públicas y 16.300 millones para los ciudadanos. El ahorro estimado hasta 2015, según la vicepresidenta, será de 37.700 millones de euros. En esta cifra se incluyen la próxima reforma local y los despidos ya hechos en el sector público.

El anuncio se ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno ha calificado el trabajo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas de "gigantesco, titánico e inédito en la historia de la democracia". Para que se lleve a cabo serán necesarios acuerdos entre el Gobierno central, los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

El objetivo de la reforma será crear una Administración cercana y transparente y cambiar la "cultura administrativa" de nuestro país. La vicepresidenta ha querido dejar claros que ciertos mitos sobre los empleados públicos no son ciertos, asegura que "el tamaño del sector público no es mayor que el de nuestro entorno, de hecho es menor que la media de la OCDE" y que el "enorme aparato burocrático no es tal, la mayoría de funcionarios, es un porcentaje muy limitado de esa administración, en torno al 25%".

"Trabajadores eventuales, como asesores, tendrán que salir de la administración"

Tras ser preguntados en varias ocasiones por los periodistas si la administración puede ahorrarse estas cantidades sin ningún despido, tanto Sáenz de Santamaría como Montoro insistían en que "estas reformas no están hechas para reducir plantillas del sector público".

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"El ajuste grande del empleo público se ha producido", señalaba la vicepresidenta que también ha reconocido que habrá ajustes pequeños: "Trabajadores eventuales, por supuesto, tendrán que salir", y ha puesto como ejemplo a los asesores.

Mejoras en la disciplina presupuestaria y transparencia pública

La reforma elaborada por la CORA buscará, en primer lugar, mejoras en la disciplina presupuestaria y en lo que se refiere a la transparencia pública. Para ello se creará una central de información donde estén los datos de todas las administraciones, con criterios homogéneos y armonizados.

Racionalización del sector público

En segundo lugar se buscará la racionalización del sector público, para lo que será necesaria la "eliminación de duplicidades". También buscarán "generalizar el uso de bases de datos de las administraciones para crear fuentes únicas".

En ese sentido, Sáenz de Santamaría ha anunciado que también se racionalizarán los observatorios, ya que dice "hay hasta 90 de los que se pueden prescindir".

Mejorar la eficiencia y la eficacia de las administraciones

Para mejorar la eficiencia, Sáenz de Santamaría, ha destacado la importancia de que se aplique la "tasa de reposición cero", por la que no se ocuparán plazas de funcionarios jubilados. También ha anunciado la puesta en marcha de la Ley de impulso de la factura electrónica para acabar con las "facturas en los cajones".

En ese sentido ha anunciado que el Gobierno tratará de sustituir trámites convencionales por los electrónicos, como la gestión de citas en la oficina de empleo o la tramitación de los nacimientos en los hospitales.

El informe, presentado el miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contiene más de doscientas medidas propuestas por la comisión que ha trabajado en su redacción (la CORA).

El Ejecutivo ya ha avanzado que va a asumir la parte correspondiente a la Administración General del Estado y que intentará el entendimiento con las comunidades para que apliquen la parte que les corresponde.

De acuerdo con el informe, el Gobierno prevé suprimir o fusionar 57 organismos públicos, entes o fundaciones, entre ellos el Consejo de la Juventud y varias entidades de la Seguridad Social.

Además, hablará con las comunidades para eliminar numerosos organismos cuyas competencias y servicios serían prestados por órganos estatales "con igual o mejor calidad" y a menor coste.

Es el caso de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario.