Preferentes, la bola que fue engordando
Con la crisis, los bancos se lanzaron a ofrecer preferentes a sus clientes a cambio de pagarles un buen interés, por ejemplo, del 7%
Cientos de miles de personas fueron convencidas por los empleados de la entidad donde tenían su dinero. La bola fue engordando hasta llegar a los 23.000 millones de euros. Eso es lo que pusieron los particulares en preferentes.
Las participaciones preferentes son un préstamo de un cliente, en este caso a un banco o una caja, pero a perpetuidad, para siempre. Hasta hace pocos años sólo las compraban inversores institucionales, fondos, otras entidades. Pero a partir del año 2000 comenzó a venderse a particulares. Al principio no pasó a mayores. Hasta la llegada de la crisis.
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Entonces a los bancos y las cajas se les cerró el mercado: no les prestaban. Su solución fue recurrir a sus clientes. Se lanzaron a ofrecerles preferentes a cambio de pagarles un buen interés, por ejemplo, del 7%. Cientos de miles de personas fueron convencidas por los empleados de la entidad donde tenían su dinero. La bola fue engordando hasta llegar a los 23.000 millones de euros. Eso es lo que pusieron los particulares en preferentes.
En apariencia para muchos no había problema para recuperar el dinero. Si un preferentista quería recuperar lo que había puesto, la entidad tomaba sus preferentes y se las vendía a otro cliente nuevo. Pero aquí había una trampa. Con la crisis, esa preferente ya no valía lo que se pagó al principio por ella, había perdido valor. La CNMV prohibió entonces esa práctica irregular. Aquí estalló la alarma.
La respuesta de las entidades más solventes fue canjear las preferentes por acciones o cosas parecidas. Hubo pérdida en algunos casos, pero limitada. Lo grave llegó con las cajas en graves dificultades. Así se estableció algo parecido a un corralito. Las cuatro entidades nacionalizadas acumulan casi 9.000 millones en preferentes o deuda subordinada. Es dinero de varios cientos de miles de personas. Ahora perderán entre el 38 y el 70%. Lo que les queda es acudir al arbitraje acordado por el Gobierno para recuperar todo el dinero, si hubo malas prácticas al vendérselas. O alternativamente acudir al juzgado.
