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Caso Fabra

La Fiscalía pide al Supremo que también se juzgue a Carlos Fabra por cohecho

El Ministerio Público se alinea así con la tesis del juez instructor, Jacobo Pin, y rechaza la postura de la Audiencia Provincial de Castellón, que no quiere que se juzgue por ese delito al expresidente del PP y de la Diputación.

Castellón

Lo que hasta la fecha era solo un anuncio, se ha sustanciado esta mañana. La Fiscalía del Supremo ha presentado este viernes ante la Sala Segunda el recurso contra la exclusión del delito de cohecho en el caso Fabra. El Fiscal del Supremo entiende que la Audiencia Provincial de Castellón "infringe la ley y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" al impedir que se juzgue por ese delito al expresidente del PP y de la Diputación de esa provincia.

Según el criterio del Fiscal, que la Audiencia quiera excluir el cohecho "genera indefensión, puesto que la decisión de la Audiencia Provincial se adoptó sin dar audiencia ni al Fiscal ni al resto de las partes".

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Además, el Ministerio Público considera que "los hechos que se describen en el auto de apertura de juicio oral son constitutivos del delito de cohecho, y no de tráfico de influencias, como lo califica la Audiencia Provincial en un auto anterior".

El juez de Nules que ha instruido la causa, Jacobo Pin, pidió que Carlos Fabra fuera juzgado por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, pero la Audiencia Provincial de Castellón que preside el amigo de Fabra, Carlos Domínguez, eliminó el cohecho de la lista de delitos.

Una decisión que llevó a Pin a solicitar el amparo del Consejo General del Poder Judicial al entender que la Audiencia "perturbaba" su independencia. El Poder Judicial ha aplazado su decisión sobre el la petición de amparo del juez hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recurso de la Fiscalía.

Carlos Fabra está siendo investigado desde hace más de 8 años en los juzgados de Nules. Está acusado de aceptar comisiones millonarias a cambio de su mediación en los ministerios de Agricultura y Sanidad en la época de José María Aznar, para aprobar los pesticidas y fertilizantes que fabricaba su entonces amigo y socio, Vicente Vilar. Esos productos eran después comercializados a través de una empresa a nombre de sus esposas.

 
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