Ocio y cultura

El 1 de marzo comenzará a aplicarse plenamente la Ley Sinde

Este jueves iniciará sus funciones la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual que tramitará las solicitudes de cierre de páginas web

(IBON CABALLERO)

Los solicitantes tendrán siempre que identificar las obras que supuestamente están siendo objeto de descargas ilegales. A pesar de las sentencias judiciales recientes la ley también se aplicará a las páginas de enlaces

Ángeles González-Sinde

Ángeles González-Sinde

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La Sección 2ª de la comisión de Propiedad Intelectual la preside el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, o persona en la que delegue y estará compuesta por vocales nombrados por los ministerios de Educación Cultura y Deporte, Industria, Economía y Presidencia. La Comisión ya ha sido nombrada. Fuentes del ministerio que dirige José Ignacio Wert han señalado que la comisión no es un órgano censor ni un observatorio de internet porque nunca podrá actuar de oficio. Las mismas fuentes insisten en que en estos procedimientos nunca estarán afectados los usuarios finales de internet, ni las páginas que usan contenidos autorizados o amparados por los límites de los derechos que impone la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ni los contenidos amparados por la libertad de información y expresión.

La Comisión en ningún caso impondrá sanciones ni multas a los vulneradores de la ley ni emprenderá acciones civiles o penales contra los infractores. El final de los procedimientos, con la intervención del juez, termina en la interrupción del servicio de la página (si está en el extranjero no podrá consultarse en España) o en la retirada de los contenidos que vulneren la LPI. Las resoluciones tendrán una vigencia de un año. Si en ese periodo de tiempo el infractor reincide el procedimiento se agilizará todavía más ante una nueva solicitud. Los plazos estimados para el cierre de las páginas pueden oscilar entre un mínimo de 20 días y un máximo de tres meses. Los trámites de solicitud, notificación o petición de pruebas se podrán hacer de forma telemática para agilizar el proceso. Las resoluciones pueden ser objeto de recurso contencioso-administrativo.

Las fuentes del Ministerio de Educación y Cultura consultadas por la Cadena SER indican que las sentencias judiciales recientes que exculpaban a las páginas de enlaces no influirán en la aplicación de la nueva ley y podrán ser también objeto de cierre sin posibilidad de exoneración. Los procedimientos se llevarán adelante si las páginas vulneran la propiedad intelectual con ánimo de lucro o cuando el solicitante (titulares de derechos de autor o sus representantes) acredite que se está causando daño.

 
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