La defensa de Garzón destaca la "enorme ignorancia y la frivolidad" de la acusación popular

Madrid

El Tribunal Supremo acoge la última sesión del juicio que se sigue contra el juez Garzón por haber investigado los crímenes del franquismo. La acusación popular que ejerce el autodenominado sindicato Manos Limpias y el colectivo Libertad e Identidad mantiene la petición de veinte años de inhabilitación para Baltasar Garzón por un presunto delito continuado de prevaricación. Fiscal y defensa piden la libre absolución al no apreciar indicios de infracción penal

El juicio contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo queda visto para sentencia este miércoles. La sesión ha comenzado con la decisión de las partes de elevar a definitivas sus conclusiones provisionales. La acusación popular mantiene la petición de 20 años de inhabilitación para Garzón. El fiscal y la defensa solicitan la libre absolución.

Después de este trámite, las partes han comenzado a dar lectura a sus informes finales. Los fusilamientos de Paracuellos del Jarama han estado en el eje de la polémica. La acusación popular ha asegurado que mientras que el juez Baltasar Garzón archivó esa querella en tan solo 24 horas acogiéndose a la Ley de Amnistía, tardó dos años en inhibirse de la investigación de los crímenes del franquismo amparándose en la legislación internacional. Por ello, han añadido, se movió por "criterios ideológicos". La defensa del juez, en su intervención, ha desmentido categóricamente esta afirmación. Gonzalo Martínez - Fresneda ha explicado que el archivo de aquella querella obedeció a defectos formales. Primero porque la asociación que la presentó no acreditó su personalidad jurídica y segundo porque no carecía del más mínimo rigor jurídico. En ningún caso, ha añadido, se apela a la Ley de Amnistía. Y aún así, hay más diferencias entre Paracuellos y las víctimas del franquismo. Las primeras, ha sostenido el abogado, fueron honradas y sus familias indemnizadas, mientras que las del franquismo, no.

El letrado ha asegurado que las resoluciones que dictó Garzón eran "defendibles y razonables" y que, por lo tanto, no ha cometido un delito de prevaricación. Martínez - Fresneda también se ha referido a la afirmación de la acusación popular que no ha admitido la tesis de que los delitos por desapariciones forzadas no prescriban porque, de ser así, "podríamos abrir un proceso por los fusilamientos del 2 de mayo". La defensa califica esas palabras de "enorme ignorancia y de enorme frivolidad" porque en el caso del franquismo "hoy hay miles de españoles que son víctimas de estas desapariciones, que siguen viviendo una tortura porque no saben qué pasó ni dónde están los restos de sus seres queridos".