El Consejo de la Policía tiene desde 2003 denuncias por presuntas irregularidades al adjudicar obras y equipamiento
Una de estas denuncias acusa a la Dirección General de la Policía de contratar a una empresa de fabricación de instrumentos de medición, también registrada como una inmobiliaria, para fabricar 11 robots de desactivación para los Tedax
El Consejo de la Policía tiene desde 2003, según la documentación a la que ha tenido acceso la SER, denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras y de equipamiento por toda España. Una de estas denuncias acusa a la Dirección General de la Policía de contratar a una empresa dedicada a fabricar instrumentos de medición y registrada también como una inmobiliaria para fabricar 11 robots de desactivación para los Tedax. Agustín Díaz de Mera era entonces director general de la Policía. En otra denuncia la Dirección General responde advirtiendo de que "la acusación puede ser objeto de responsabilidades penales".
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Son más denuncias que se van a incorporar esta semana a la investigación que ya ha abierto la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 26 de Madrid por irregularidades en la adjudicación de obras en las dependencias de la Policía Nacional.
En total tres presentadas desde el año 2003 por el sindicato mayoritario de la Policía (SUP) ante el Consejo de la Policía Nacional. En una de ellas la Dirección General de la Policía responde advirtiendo de que "la acusación formulada podría ser objeto de responsabilidades penales".
La respuesta llega de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía Nacional. En esta denuncia vinculada a la fabricación de once robots de desactivación para los Tedax se señala directamente a la empresa Proyectos y Tecnología Sallen S.L.
Esta empresa fue constituida en marzo de 2001 y se dedica a la fabricación de instrumentos de precisión, medida y control. Además, está inscrita un año antes en el registro mercantil como Sayen Proyectos como promotora inmobiliaria.
La denuncia del Sindicato Unificado de la Policía se remitió al Consejo de la Policía y al Secretario de Estado de Seguridad, cuando Agustín Díaz de Mera era el Director General de la Policía. Las dos empresas tienen los mismos administradores.
Según el SUP (Sindicato Unificado de la Policía) la elección de esta empresa se hizo a dedo y sin tener en cuenta las recomendaciones del CESIC o de cualquier otro centro especializado de robótica. La denuncia reclama además información sobre si el precio corresponde a las estimaciones iniciales elaboradas. Según la denuncia presentada ante la Secretaria de Estado y ante el Consejo de la policía fue Agustín Díaz de Mera, entonces director de la Policía, quien rechazó todos los estudios anteriores elaborados y corregidos para elegir a dedo a esta empresa.
Las otras dos denuncias están relacionadas con la comisaria de Manacor en Mallorca y con la comisaria de Zamora. Se acusa a la Dirección General de la Policía, dirigida entonces por el PP, de inflar los honorarios de la obra.
Textualmente la denuncia señala: "Tenemos constancia de algún presupuesto del servicio de arquitectura de la Dirección General de la Policía que encarecía notablemente unas obras en relación a otros presupuestos solicitados".
Además en la comisaria de Mallorca el Sindicato Unificado de la Policía advierte de que el proyecto podría vulnerar la normativa de los riesgos laborales.
La Dirección general responde advirtiendo de "que la acusación formulada podría ser objeto de responsabilidades". El Consejo de la Policía en la misma línea responde diciendo que la acusación "no se ajusta a la verdad".
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción han abierto diligencias a raíz de una denuncia anónima recibida en la propia Dirección General de la Policía en la que se señala a varios funcionarios que presuntamente habrían recibido comisiones por la concesión de contratos a dedo a empresas afines.
La denuncia llegó a la inspección delegada de Hacienda que la trasladó a la Dirección General de la Policía. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía elaboró también un informe que paso a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Según la denuncia multitud de contratos de la Policía se trocearon en varias adjudicaciones separadas para que pudieran concederse sin publicidad. Además la denuncia señala también que los honorarios de los facultativos de la obra se inflaban hasta alcanzar el 30% del coste del proyecto.
Ana Terradillos
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra (1991-1996) y en Ciencias Políticas por la UNED...
