Cuando los controladores aéreos sembraron el caos en España

Hace hoy un año, los controladores aéreos provocaron que por primera vez en la España democrática se decretara el estado de alarma y la militarización de los trabajadores. Su rebelión en el puente de la Constitución dejó a cientos de miles de personas colgadas en los aeropuertos y remató un año plagado de huelgas encubiertas. El Parlamento aprobó una nueva Ley de Navegación Aérea que recortaba salarios y descansos y ampliaba su edad de jubilación.

Miles de pasajeros se disponían a encarar el puente de la Constitución en los aeropuertos españoles. Era el 3 de diciembre del 2010. Al mediodía de ese invernal día el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo decreto que regulaba el modelo aeroportuario español, permitiendo la regulación de la jornada laboral de los controladores. La respuesta por parte de éste colectivo fue contundente. Tan sólo dos horas después, AENA ordenaba el cierre de parte del espacio aéreo español por un abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo.

El cielo español se sumía en un caos completo. Los pasajeros se veían obligados a descender de los aviones, se sucedían cancelaciones de vuelos y escenas de desesperación e ira entre los congregados en las terminales. El entonces portavoz del Gobierno, José Blanco, daba un ultimátum a los trabajadores: tenían hasta las 21 horas para incorporarse a las torres de control.

Tras la negativa de los controladores, José Luis Rodríguez Zapatero firmaba el traspaso del control aéreo a Defensa y los militares toman las Torres de Control. Por su parte, la Fiscalía de Madrid abría diligencias por un posible delito de sedición de los controladores. El Gabinete de crisis del Gobierno, reunido durante toda la madrugada, decidía declarar el estado de Alarma por primera vez en la historia de la democracia española."Había una situación de calamidad pública, "una abierta rebeldía con el Estado de derecho", "una desobediencia, un incumplimiento flagrante de las leyes y un desafío al orden democrático" y "ha habido que aplicar una medida de excepción para acabar con una situación de excepción que venía dándose durante décadas", sentenciaba un Zapatero que había logrado el apoyo político mayoritario para la medida, aunque no exento de críticas a la gestión del Gobierno.

Con el estado de alarma decretado los controladores comenzaron a ceder. En las horas posteriores se produjo un paulatino regreso de los trabajadores a sus puestos de trabajo, con el drama de ya más de 600.000 pasajeros afectados. Aena decidía reabrir el espacio aéreo español. Dos horas más tarde, a las 18:00 del sábado, Barajas comenzaba a operar a "pleno rendimiento". Alfredo Pérez Rubalcaba avisaba: "el caos no volverá a suceder, ni en las Navidades, ni después".

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El domingo amanecía con casi un total restablecimiento de los vuelos. José Blanco informaba de que Aena había abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores: "Ahora toca hacer justicia. La huelga no puede quedar impune. Se aplicarán las sanciones oportunas", decía. La Fiscalía de Madrid pedía prisión provisional para aquellos controladores que no fuesen capaces de justificar el abandono de su puesto de trabajo entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

La normalidad aérea ya era total el lunes. La calma dejaba atrás a horas de tensión, descrédito, impotencia y un cúmulo de historias personales. Una huelga que dejó más de 676.000 rehenes en los aeropuertos españoles.