El Gobierno no recurrirá las oposiciones a maestros en Andalucía
El Ejecutivo se sentará a negociar con todas las comunidades afectadas para intentar evitar perjuicios al sector educativo y a decenas de miles de opositores
Un acuerdo "in extremis" fraguado esta tarde en una reunión a tres bandas entre el Ministerio de Política Territorial, el Ministerio de Economía y la propia Junta de Andalucía ha permitido alcanzar una solución por la cual el gobierno no llevará finalmente a los tribunales las oposiciones en esa comunidad. A cambio, el ejecutivo andaluz modificará formalmente los conceptos de su decreto de oposiciones para ajustarse a la Ley de Presupuestos pero manteniendo las 3.796 plazas ofertadas.
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El acuerdo supone un balón de oxígeno para los 36.000 aspirantes a maestros que ya se habían inscrito para optar a esas plazas en unos exámenes convocados en Andalucía para los días 17 y 19 de junio. La solución alcanzada en Andalucía, y en la que ha resultado clave la intervención del ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, supone un punto de inflexión en la batalla judicial abierta entre el Gobierno y las comunidades autónomas, tras la decisión del Ministerio de Economía de impugnar las oposiciones en siete autonomías por considerar que su oferta pública de plazas rebasaba los límites del 30 por ciento de reposición de efectivos por jubilación, establecidos en la Ley de Presupuestos.
Ronda de reuniones para renegociar los recursos
Hasta la fecha la Abogacía del Estado, a instancias del ministerio de Elena Salgado, ha interpuesto ya tres recursos contra las oposiciones de Cataluña, Navarra y Castilla y León, y tenía previsto recurrir también las ofertas de plazas para maestros de Aragón, Baleares y Extremadura. Tras el acuerdo con Andalucía, fuentes del Gobierno han confirmado a la Cadena SER, que se abrirá una ronda de reuniones con las comunidades pendientes de recurso pero también con las tres en las que ya se ha acudido a los tribunales.
Aunque no se pueden prejuzgar los resultados de esas negociaciones, ya que hay casuísticas diferentes en las convocatorias, el objetivo común es intentar evitar la judicialización de un asunto que afecta a las previsiones educativas de las comunidades autónomas y a cerca de cien mil opositores en toda España, muchos de los cuales ya han abonado las tasas correspondientes para examinarse el próximo mes de junio.
La decisión de recurrir las oposiciones ha sido duramente criticada por las comunidades afectadas. En Cataluña, su consejera de educación, Irene Rigau, llegó a tachar de "agresión" la presentación de ese recurso, alegando que nadie podría entender que haya menos maestros en Cataluña cuando se ha incrementado de forma significativa su población escolar. También Navarra y Castilla y León habían anunciado que plantarían cara al Gobierno central en los tribunales para defender sus convocatorias.
La polémica ha suscitado también una fuerte oposición en los sindicatos de la enseñanza que acusan al Gobierno de no ser sensible a las prioridades educativas que dice defender.
