2009: Avances en derechos y brechas que crecen en la justicia universal

El año pasado los derechos humanos se siguieron violando en decenas de países de todo el planeta. Por sus acciones u omisiones, prácticamente ninguno quedó limpio. Y a pesar de eso, 2009 fue un año histórico para la Justicia Universal: Por primera vez el Tribunal Penal Internacional dictó una orden de captura contra un jefe de Estado en activo, el sudanés Omar Al-Bashir, por crímenes contra la humanidad en Darfur. Un avance acompañado de lo que Amnistía Internacional llama 'Brechas' por las que se cuela la impunidad y a las que España ha contribuido a agrandar.

El Informe de Amnistía Internacional, presentado esta semana simultáneamente en todo el mundo, documenta en 500 páginas los abusos de gobiernos, guerrillas, grupos terroristas y el crimen organizado en todo el mundo. Se han documentado casos de tortura en 111 países.

Dictaduras como la de China, Irán o Arabia Saudí siguen ocupando un lugar destacado, pero como enumeró el presidente de Amnistía en España, Alfonso López Borgoñoz, cuando se escarba en los datos, se descubren cosas preocupantes: "El 30% de los países tienen presos de conciencia recluidos, pero en el G-20 es el 42% de los países que lo integran quienes tienen presos de conciencia".

El G-20 agrupa a las economías más poderosas del planeta, como Japón, Francia, Rusia, China o India. Pero no en todo es un club tan ejemplar. Amnistía recuerda que hay todavía siete que ni siquiera han subscrito el Estatuto de Roma, por lo que se mantienen al margen de la Jurisdicción Universal.

Como recuerda Esteban Beltrán, director de la organización, la "politización de la Justicia lleva a que algunos gobiernos miren a un lado y no vean a nadie cometiendo violaciones, y en otros casos vean a muchos que comenten violaciones cuando les conviene". Casos destacados son los de Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, "protegiendo a Israel simplemente por razones políticas" frente a los crímenes de guerra en Gaza, o la negativa de muchos países africanos a aplicar la detención del presidente de Sudán pedida por la Justicia Internacional.

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El respeto y promoción de los Derechos Humanos no es algo que afecte sólo a los estados. También las empresas contribuyen a aumentar esa 'brecha' en la impunidad para los torturadores. "las empresas -dice Beltrán- pareciera que operan en una economía global, pero sin que exista un estado global de derecho".

España, un poco menos líder en Derechos Humanos

En el caso concreto de España, la organización señala a ETA como la principal violadora de los derechos humanos en España. Además recoge 230 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por torturas y malos tratos por parte de funcionarios públicos. Aún así el principal problema es que España sigue siendo, junto con otros cuatro países de la Unión, de los pocos que no recoge estadísticas de agresiones racistas.

Esteban Beltrán lamenta que se haya perdido el liderazgo mundial en materia de derechos humanos, con dos motivos muy concretos: "España ha aumentado la brecha de impunidad por las restricciones a las investigaciones de los crímenes internacionales y porque no se ha avanzado prácticamente nada en la investigación de desapariciones forzadas y fosas comunes relacionadas con la guerra civil y el régimen de Franco".

El magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, que además es el único español en la Comisión Internacional de Juristas acompañó a Amnistía en la presentación del Informe, y aunque lamentó la reforma del Congreso por la que se limitó la aplicación del principio de Jurisdicción Universal a casos relacionados con España, cree que se ha dejado brechas que "pueden dar mucho juego, porque al final tendrán que interpretarlas los jueces y la cultura de la defensa de los derechos humanos pertenece a todos los países y un juez español no puede ser ajeno a una violación en cualquier parte del mundo".

Si fue un juez español, Baltasar Garzón, el que dio un gran impulso a la persecución en cualquier parte del planeta a quienes cometan crímenes contra la humanidad, su situación actual, procesado por su investigación de los crímenes del franquismo y separado de su puesto en la Audiencia Nacional es un triste ejemplo: "Algunos de los que iniciaron este camino, que sepan que Garzón goza, por lo menos, con el apoyo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; más de 150.000 desparecidos es algo difícilmente digerible, por mucho que se empeñen los políticos; no hay precedentes en el mundo y tiene que tener una salida, que es perfectamente factible judicialmente".

Apoyando estas palabras de Martín Pallín, Esteban Beltrán pide a los legisladores que se acepte "lo que es su obligación, no opcional", como es incluir en la reforma del Código penal en la que se está trabajando la definición internacional de desaparición forzada.