El fiscal pide una fianza de 450.000 euros para María Antonia Munar
En su declaración ante el juez, la ex presidenta del Parlamento balear ha negado cualquier vinculación a la trama del 'Caso Maquillaje'
La ex presidenta del Parlament y del Consell, Maria Antonia Munar, ha declarado hoy en calidad de imputada para explicar ante el juez su presunta vinculación con Vídeo U, una de las principales productoras investigadas dentro del 'caso Maquillaje' por haber sido beneficiarias de contratos y subvenciones supuestamente irregulares durante la pasada legislatura, cuando la ex dirigente de UM presidía la Institución insular.
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El fiscal anticorrupción ha solicitado una fianza de 450.000 para Munar, cuya declaración ha durado más de cuatro horas a lo largo de las cuales ha negado su vinculación con la trama. Cinco encausados, entre ellos Nadal, la han involucrado al asegurar que se encontraba detrás de la productora a través de un testaferro.
Miquel Nadal ha apuntado contra ella al asegurar que en 2004 le entregó 300.000 euros en efectivo en su vehículo oficial para la adquisición del 50% de Vídeo U. Después, fue involucrada también por cuatro imputados más, que se han prestado a colaborar con la justicia de cara a obtener futuras atenuantes.
Todos ellos apuntaron a otro de los inculpados en el caso, Víctor García, como el presunto testaferro del que se sirvió Munar para hacerse con una cuarta parte de las acciones de la empresa audiovisual, y a Miquel Sard como la persona que utilizó Nadal para adquirir el otro 25%. Contra la palabra de los cinco imputados -Nadal, tres gestores de Vídeo U y Sard- se alzó la de García quien, incurriendo en numerosas contradicciones, negó en su deposición haber actuado en nombre de la ex presidenta ''uemita'' y afirmó por el contrario haberlo hecho en representación de Nadal.
Se trata de la tercera vez que Munar ha sido citada a declarar en el marco de esta compleja pieza separada del 'caso Son Oms'. La primera, el pasado 18 de diciembre, no acudió a los Juzgados alegando que por el fuero que la protegía como parlamentaria su declaración debía tener lugar ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La segunda, el 22 de enero, hizo acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania pero se acogió a su derecho de no declarar a la espera de que el caso fuese asumido por la máxima instancia judicial de las islas.
