Los abogados de Madrid anuncian que se querellarán contra Garzón por escuchas ilegales

Madrid

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado que presentará una querella contra el juez de la Audiencia Baltasar Garzón y las fiscales adscritas al caso Gürtel, Concha Sabadell y Miriam Segura, por un delito de prevaricación y por otro de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Los acusan de escuchas ilegales sobre los abogados de los imputados en la trama de corrupción, entre ellos, los de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo. El ICAM ha explicado que la querella sólo se presentará si no se abre ningún procedimiento a instancias del Ministerio Fiscal como consecuencia de las quejas ya trasladadas.

El Colegio de abogados se sustantaría en la comisión del delito de prevaricación tipificado en los artículos 446 o 447 y del delito de quebrantamiento del secreto de las comunicaciones mediando causa por delito, tipificado en el artículo 536. Ambos del Código Penal, sin perjuicio de las acciones que estimen oportunas ejercitar los letrados solicitantes del amparo colegial.

Por otro lado, el Colegio ha otorgado el amparo a los abogados de ocho de los imputados en el caso Gürtel con motivo de las supuestas escuchas ilegales de las que fueron objeto por el juez Garzón. El amparo cubriría al abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, quien denunció la supuesta ilegalidad de las intervenciones de las comunicaciones que sufrió durante las conversaciones mantenidas con Correa en la prisión. Choclán ya ha pedido al juez Antonio Pedreira la nulidad de las actuaciones por la ilegalidad de las escuchas.

En el comunicado, el ICAM insta a "la urgente comprobación de que, en la causa mencionada, han dejado de observarse las comunicaciones personales de los imputados en situación de prisión preventiva con sus letrados para, en su caso, adoptar las disposiciones pertinentes dirigidas al inmediato cese de esa situación, intolerable para el derecho de defensa".

Además, traslada al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, su protesta por el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción, a través de las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, al consentir la intervención de las comunicaciones, "injiriéndose en la confidencialidad de la relación entre abogado y cliente".

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El derecho de defensa

El Colegio también ha expresado su "extrema preocupación" por la vulnerabilidad del derecho de defensa y de la confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente. "La quiebra de ese derecho fundamental es especialmente odiosa cuando tiene lugar en un escenario donde la declaración de secreto del procedimiento y las situaciones de prisión preventiva de los imputados obligan a quienes únicamente tienen acceso a las actuaciones y pueden determinar su curso a extremar su celo en la observancia de la ley", señala la nota.

Según el ICAM, la difusión en la opinión pública de actuaciones sumariales, que ya quebranta el secreto externo de la instrucción consagrado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es "aún más repudiable si se trata de actuaciones en las que también se ha declarado el secreto interno del artículo 302 de la misma Ley, pudiendo ser dicha difusión, cuando se realiza por autoridad o funcionario público, constitutiva del delito de quebrantamiento de secreto del artículo 417 del Código Penal".