El Congreso decide no citar a De la Vega y Rubalcaba por la "persecución" denunciada por el PP

Madrid

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, ha decidido no citar este mes a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, por la "persecución" que el PP dice sufrir por parte del Gobierno.

Los portavoces del PSOE, Esquerra (ERC), IU-ICV y Bloque Nacionalista Galego (BNG) han coincidido en el Congreso en tachar de "mentiras" fruto del "delirio" o de "la paranoia" las acusaciones que viene lanzando el PP acerca de una supuesta persecución por parte del Gobierno.

Estos mismos partidos han rechazado en la Diputación Permanente de la Cámara Baja las comparecencias de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido, todas pedidas por el PP. Por su parte, CiU y PNV optaron por abstenerse, si bien los nacionalistas vascos se ofrecieron a apoyar una comisión de investigación si el PP aporta "una prueba" de esa persecución.

PP: Fiscalía, al antojo del Gobierno

La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado en sede parlamentaria las acusaciones que el PP ha venido lanzando en los medios de comunicación en las últimas semanas. Según dijo, el Gobierno maneja "a su antojo" a la Fiscalía, que a su juicio investiga los casos de presunta corrupción en función del color político del investigado.

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Así, ha indicado que, si bien no se ha actuado en las denuncias que afectaban al vicepresidente Manuel Chaves, al ex director del CNI o a los gestores de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), en cambio sí se ha investigado y detenido a cargos del PP que, según sus datos, son diligencias que luego "se quedaron en nada". "La única pena impuesta es la pena de telediario, abrir informativos esposados como delincuentes peligrosos", se quejó.

Sáenz de Santamaría ha achacado al Gobierno una estrategia de "acoso a la oposición", de "abuso de poder" y de "utilización ilegítima" de las instituciones, y lo atribuye a la "incapacidad" del Ejecutivo para afrontar la crisis económica y su temor a un castigo electoral. "Esto no es una pugna más entre PP y PSOE -enfatizó-. Son cosas que escandalizan a cualquier demócrata, ocurran donde ocurran".

"Mañana puede ser otro el acosado"

La dirigente del PP ha avisado a las demás formaciones de la oposición de que hoy es su partido el afectado pero "mañana puede ser cualquiera que les estorbe" y se defendió de las acusaciones de crispación que han caído estas semanas sobre los populares. "No crispa quien alza la voz para denunciar un uso arbitrario, en todo caso quien utiliza a las instituciones para acosar a la oposición", dijo.

El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha replicado que el PP está siguiendo un "discurso demoledor contra el Estado de Derecho" llegando incluso a hablar de "estado policial" y de "Inquisición". "Son un conjunto de inventos, insidias y mentiras", proclamó.

A su juicio, el PP esgrime esta "sarta de barbaridades" con el fin de "buscar un territorio de impunidad para los miembros del PP que sí están acusados con indicios serios" y para "tratan de que se hable de la falsedad, la persecución, para que no se hable de un hecho objetivo, las investigaciones judiciales". "Son ustedes unos irresponsables y los irresponsables no merecen gobernar el país", sentenció.

También el secretario general de ERC, Joan Ridao, ha criticado la estrategia del PP, que enmarca en "una paranoia tan delirante como la trama del 11-M". "El PP ha desplegado una estrategia de defensa por unos casos de corrupción pero estas evasivas son estériles porque detrás de la muleta seguirá estando el toro de la corrupción", avisó.

Gaspar Llamazares, de IU-ICV, aconsejó al PP no creerse sus propias mentiras ni convertir su fabulación en un delirio de persecución. "Es una mentira poco creíble e indemostrable -aseveró-, pero es una mentira de distracción masiva".

Asimismo, Francisco Jorquera, del BNG, indicó que las peticiones de comparecencia del PP sólo son "cortinas de humo" para tratar de tapar los escándalos que le afectan, una materia en la que considera "expertos" a los ''populares''. "El PP tiene un problema y es que está obsesionado con las teorías conspiratorias -ironizó-. Es una reminiscencia de la conjura judeomasónica internacional" (del franquismo).

Los representantes de CiU y del PNV optaron por la abstención, si bien también lamentaron el clima política actual. El catalán Jordi Jané aconsejó a los populares acudir a los tribunales pues cree un error que el Congreso se convierta en "caja de resonancia" de estas disputas.

Emilio Olabarria destacó que hasta hoy el PP no ha aportado una prueba de sus acusaciones pero aseguró que, si probasen sus palabras, el PNV apoyaría hasta una comisión de investigación. "Han contraído la obligación moral de decir con qué fundamentan sus gravísimas acusaciones", apostilló.

Reproches a De la Vega

También el Gobierno se ha llevado reproches en el debate por parte de las minorías. Así, Izquierda Unida, CiU, el PNV y el BNG cuestionaron el hecho de que fuera la vicepresidenta del Gobierno, desde Costa Rica, la que anunciase el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. "No es conveniente que el Gobierno sobreactúe ni fomentar el delirio del PP,", avisó Llamazares a los socialistas.

Además, CiU, ERC y el BNG reconocieron la existencia de filtraciones de las diligencias policiales y judiciales, que incluso dijeron reprobar. "A esto deberíamos encontrar las necesarias soluciones", aconsejó Jané.

Por su parte, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, aprovechó para sacar a colación las denuncias de su formación acerca de una supuesta infiltración de los servicios de inteligencia en el seno de Aralar buscando su desestabilización. La coalición nacionalista vasca ha llegado a señalar a una de sus concejales en Zizur Mayor como infiltrada. Por eso, la diputada de Na-Bai, apoyada por el PNV, indicó que ese asunto sí merecería la comparecencia del ministro del Interior.