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Azkárraga: "no permitiremos que ETA, Zapatero o los españoles decidan por los vascos"

El consejero vasco de Justicia y secretario general ha hecho estas declaraciones sobre el posible recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consulta popular aprobada por el Parlamento vasco

El consejero vasco de Justicia y secretario general de EA, Joseba Azkarraga, ha afirmado hoy, respecto al posible recurso de inconstitucionalidad contra la ley de consulta popular aprobada por el Parlamento vasco, que no permitirá "que ni ETA, ni Zapatero, ni los españoles decidan por los vascos".

Azkarraga ha rebatido así el argumento del dictámen favorable al recurso elaborado ayer por el Consejo de Estado, que se basa en que los vascos "no pueden condicionar las decisiones de interés de ''todos los ciudadanos''" españoles.

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"Se trata de un criterio vacío de contenido -ha dicho- porque es una consulta exclusivamente política, jurídicamente no vinculante; no es un referéndum que cambia el marco constitucional, es una consulta para los que los vascos se posicionen y esto no afecta a los españoles".

Según Azkarraga, , en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe, el Gobierno vasco estudiará el recurso cuando se presente y, en su caso, lo recurrirá, pero también preparará una "respuesta política, porque la decisión no es jurídica, sino política. Que nadie piense -ha añadido- que nos quedaremos con los brazos cruzados simplemente con la tramitación de nuestro recurso".

Ha explicado que el primer paso del Ejecutivo autónomo será "informar directamente a los ciudadanos sobre qué queremos conseguir a través de esta ley y así desmontar tanta falacia del Gobierno español; el segundo, estudiar el recurso, y el tercero, la respuesta política".

Tras insistir en que para el Gobierno vasco, la consulta es constitucional y legal, ha afirmado que "lo que preocupa no es la consulta en sí; lo que da pánico es la respuesta que vaya a dar la sociedad".

Sobre la resolución del Tribunal Constitucional, Azkarraga ha opinado que se trata de un órgano judicial "de obediencia política, formado en función de mayorías y minorías y sin representación de las comunidades autónomas: estamos hablando de un árbitro comprado", aunque ha asegurado que "la consulta se va a hacer".

 
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