Sale de la cárcel el ex alcalde de Andratx tras quedar en libertad provisional
El celador de obras municipal, Jaume Gibert abandonó también la prisión de Palma esta tarde
El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el celador de obras municipal Jaume Gibert abandonaron esta tarde la prisión de Palma tras el auto dictado hoy por el juez instructor del "caso Andratx", Alvaro Latorre, quien decretó la libertad provisional sin fianza para ambos.
El auto del juez señala que Hidalgo y Gibert, acusados por el fiscal de siete supuestos delitos, deberán comparecer en el juzgado cada quince días y que tienen prohibido abandonar el territorio nacional.
Los dos principales imputados en el "caso Andratx" abandonaron la prisión acompañados por el abogado defensor del ex alcalde, Rafael Perera, y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.
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La puesta en libertad de Hidalgo y Gibert coincide con la declaración hoy ante el juez del arquitecto y empresario Miguel Arenas, detenido ayer por la Guardia Civil por su presunta vinculación con el caso, y que también quedó libre con cargos.
El abogado Perera declaró a su llegada al centro penitenciario que está convencido de que la declaración de Arenas no fue determinante para la libertad de Hidalgo.
El hermano del ex alcalde de Andratx, Carlos Hidalgo, quien también fue detenido en los pasados meses por este caso y puesto posteriormente en libertad, acudió a la prisión palmesana para recogerlo.
Hidalgo y Gibert regresaron a la cárcel de Palma el pasado 1 de febrero, cincuenta días después de abandonarla, cuando la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó el reingreso en prisión de ambos al admitir un recurso presentado por la Fiscalía.
Esa decisión supuso estimar el recurso del fiscal Anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, contra la resolución del juez instructor que permitió la salida de Hidalgo y Gibert de la cárcel el 13 de diciembre, después de dos semanas privados de libertad, y tras abonar fianzas de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente.
La Audiencia ordenó que el ex alcalde y el celador municipal debían permanecer en la cárcel, como máximo, hasta el 31 de marzo, para impedir que pudieran destruir pruebas o influir en los testigos de la supuesta trama de corrupción urbanística que se investiga en Andratx.
