Conde Pumpido no ve indicios delictivos en el caso del Severo Ochoa

Madrid

Primero fue la comisión de mortalidad del hospital Severo Ochoa de Leganés la que negó que hubiera indicios de sedaciones irregulares con resultado de muerte como sostenía el consejero de Sanidad. Después la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, el Colegio de Médicos y hoy ha sido el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

"De momento no hay indicios delititos, sólo se ven cuestiones administrativas", ha asegurado Conde-Pumpido, que sin embargo, ha señalado que "se profundizará al máximo para conocer la verdad".

Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha defendido la gestión del Ministerio de Sanidad en este asunto y ha acusado de imprudencia al Gobierno madrileño. "El Gobierno se ha mostrado desde el primer momento absolutamente respetuoso con las competencias que tiene en exclusiva la Comunidad de Madrid. Hemos sido exquisitos, y sobre todo la ministra".

Ayer, el consejero Manuel Lamela acusaba a Elena Salgado de "meter en un cajón" las denuncias remitidas por la asociación de pacientes donde se señalaba mala praxis en el Servicio de Urgencias del Severo Ochoa. Este aspecto fue desmentido, horas después en declaraciones a la Cadena SER, por la titular de Sanidad y Consumo.

En Urgencias sigue muriéndose los pacientes-

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Otra de las afirmaciones hechas ayer por Lamela en su comparecencia en la Asamblea regional, "entre el 11 de marzo -día en que destituyó al doctor Montes- y el 5 de abril de este año, no ha muerto un solo paciente en las Urgencias del Severo Ochoa", ha sido desmentida por los doctores del hospital de Leganés.

El jefe de la UCI, Frutos del Nogal, señala que "no es verdad, en estos momentos ha habido fallecimientos en Urgencias, posiblemente en número menor". Por su parte, la Asamblea de Trabajadores ha tomado varias decisiones, entre ellas, continuar las protestas durante la próxima semana, pedir al gerente que investigue la procedencia de la denuncia anónima y remitir personalmente al consejero las miles de firmas recogidas pidiendo su dimisión.