Mientras la política discute quién asume el coste nosotros ya pagamos el precio

Madrid

El verdadero estado de alarma es social, es familiar, y ya está declarado desde hace días y ese no lo pedimos, nos lo han impuesto las comunidades autónomas con sus titubeos; los jueces con sus interpretaciones discrepantes de la ley; el Gobierno con esa especie de sopor veraniego del que ha salido en la recta final del mes de agosto; Podemos, con esa discrepancia con ribetes de deslealtad que le lleva a airear críticas a la ministra de Educación horas antes de que tenga que hacer valer su autoridad ante las comunidades y la oposición, sobre todo el PP, por la responsabilidad a la que le obliga su dimensión parlamentaria, con su actitud de agitación frente a la necesidad de concertación.

Una crisis tan profunda como la que vivimos necesita de la serenidad que la política española no tiene, la cogobernanza es un modelo, una aspiración que la propia política ha vaciado de contenido. Ya no está en juego la eficacia de la política sino el coste de las políticas. Quién lo asume, quién lo paga, quién lo carga sobre sus hombros.

El partidismo está grapado a la piel institucional de este país, así que solo cabe el pesimismo. El PP reúne hoy a sus consejeros de Sanidad y Educación, dicen que buscan un plan b para la vuelta al colegio... ruido, más ruido. Los mismos que piden un plan a global y coordinado discuten un plan b alternativo antes incluso de que se debata el plan a. ¿De verdad cree Pablo Casado que esta es la manera de aportar certidumbres, de rebajar la preocupación de las familias? Volver al centro no es lo mismo que estar centrado.

Mientras ellos se enredan en quién asume el coste, nosotros ya estamos pagando el precio.