Injusticia democrática

Madrid

Ya sé que no es vinculante lo que decida el Congreso, que luego el Gobierno tiene margen para hacer lo que crea oportuno; ya sé que el fiscal general ha dicho esta mañana en la SER que no le preocupan las críticas de los otros; y ya sé también que el fiscal anticorrupción considera una patraña todo lo que se ha dicho sobre sus presuntos manejos relacionados con la Operación Lezo.

Sí, todo esto ya lo sé –ya lo sabemos- pero en apenas unas horas vamos a vivir en un país donde el ministro de Justicia, el fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción estarán reprobados por el Parlamento; es decir, quedarán señalados como personajes no dignos de confianza –léase, indignos- para una mayoría de los representantes ciudadanos.

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Esto va a quedar así, ¿eh?; y seguro que desde los propios afectados hasta el presidente Rajoy se limitarán a encogerse de hombros; ya lo sé, pero es muy fuerte, y muy malo para la salud democrática. Porque tiene que ver con algo tan básico como es la confianza en las instituciones.

Hoy mismo un estudio de la Universidad Pompeu Fabra confirmaba que los españoles están descontentos, insatisfechos con su democracia, con nuestra democracia, por culpa de la corrupción. Y ahora que esta sigue saliendo a chorros, ¿resulta que los responsables de controlarla, de perseguirla, de combatirla…resulta que no son gente de fiar, que son repudiados -o reprobados, me da igual- por el Congreso? A mí, sinceramente, me parece una vergüenza, una catástrofe y una –nunca mejor dicho- injusticia democrática. Para que luego nos burlemos de lo que hace Trump en Estados Unidos con los fiscales, el FBI y los servicios secretos.