Ángela González: "Me siento maltratada, indignada y humillada por el Estado"

"Podría decir que estoy contenta pero es una alegría un poco triste y penosa". Esa es la primera valoración que realiza Ángela González a la condena que la ONU ha impuesto a España por negligencia en materia de violencia de género. El exmarido de Ángela mató a la hija de ambos, de siete años, aprovechando un régimen de visitas sin vigilancia. Después se suicidó. Tenía casi 50 denuncias previas y solo fue condenado una vez a una multa de 45 euros.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha considerado que la negligencia de jueces y policías provocó la muerte de Andrea, la hija de Ángela. Por ello condena a España por no protegerlas, por no haber castigado al maltratador y por no haber indemnizado a la madre. "Finalmente donde me han dado la razón, donde me han escuchado, ha tenido que ser fuera de mi país", asegura con pena Ángela mientras relata cómo presentó casi 50 denuncias durante cuatro años. "Llegué a tener hasta tres medidas de alejamiento, puse denuncias por maltrato psicológico, intento de maltrato de mi hija en varias ocasiones, agresión delante de un policía local, agresión por la carretera intentando echarnos para que nos estrelláramos; todo esto está denunciado pero yo era completamente invisible", afirma.

Ángela empezó a sufrir malos tratos al quedarse embarazada y cuando la niña tenía tres años, en 1999, denunció y pidió la separación. Durante los siguientes cuatro años intentó, sin lograrlo, que las visitas a su hija fueran vigiladas. "Hubo un señor que decidió, como si se tratara de un juguete, que el régimen de visitas se tenía que abrir porque prevalecía el interés del padre más que el del menor y este asesino aprovechó para matar a mi hija". Ocurrió en abril de 2003, esa mañana había tenido una vista oral para ver quien se quedaba con la vivienda familiar, que en ese momento disfrutaba el exmarido de Ángela.

"Me siento maltratada, indignada y humillada por el Estado", sentencia y recalca que durante estos once años ha sido invisible. Hasta ahora. Reconoce mejoras -en su caso la Ley Integral contra la Violencia de Género aún no estaba vigente- pero asegura que "España ha avanzado lo suficiente en cuanto a imponer leyes pero no en llevarlas a cabo". "Lo primero que hay que hacer es poner a jueces que entiendan de violencia de género, a trabajadores sociales que entiendan de violencia de género, que sepan redactar informes para que en la decisión que se tome en un juzgado prevalezca siempre el interés del menor", declara. La ONU obliga ahora con esta resolución a que los jueces, juezas y personal administrativo reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género.

Este asunto es fundamental para Viviana Waisman, directora ejecutiva y co-fundadora de Women's Link, la ONG que formuló hace dos años la demanda ante el CEDAW, que asegura que "hasta que no se pueda ver cada caso sin estereotipos de género no se va a poder dar una protección efectiva". Waisman, que califica esta resolución de "histórica", tiene claro que el de Ángela no es un caso puntual y "tampoco es puntual el uso de los niños y las niñas para seguir haciendo daño a las parejas y exparejas".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Ángela dice haber vuelto a creer en la justicia aunque no sea en la justicia en España, aquella que le dio sistemáticamente la espalda durante once años y la que hoy no podrá resarcirla: "Lo que le preguntaría ahora al Estado es cómo repararían la muerte de algún hijo suyo".