Inseguridad entre las educadoras sociales en Navarra: “Los recursos son completamente insuficientes ya sea de noche o de día”
El sindicato LAB denuncia la saturación y falta de personal tanto educador como de apoyo en los centros y pisos de menores tutelados en la comunidad foral

Una menor de un centro tutelado afligida / Getty Images

Pamplona
Tras la muerte de una educadora social en Badajoz a manos de tres menores a los que tutelaba en un piso de acogida para menores que cumplían medidas judiciales, el sector ha levantado la voz en distintos puntos del país para demandar garantías de seguridad en el ejercicio de su trabajo. El suceso del pasado domingo ha sido el detonante de estas proclamas, pero la inseguridad a la que las educadoras sociales se exponen en su trabajo viene de atrás, según explican. Una de las principales demandas es que por las noches no esté una sola trabajadora a cargo de varios menores.
Según el Gobierno de Navarra, en las plazas disponibles para acogimiento de menores, "Navarra tiene las ratios de personal establecidas de manera que siempre hay más de un profesional en las atenciones nocturnas, tanto en los centros para el cumplimiento de medidas judiciales como en los de acogimiento residencial especializado, donde se atiende a menores con dificultades de conducta".
Además, la comunidad foral cuenta con "seguridad contratada en ambos recursos, donde profesionales de seguridad están presentes para dar cobertura a posibles las situaciones de conflicto".
Como complemento, dado que cada vez se atienden casos más complejos en los centros y pisos de menores tutelados, "el departamento de derechos sociales impulsa la formación permanente para profesionales de la educación social en Navarra".
"Es insostenible para las trabajadoras"
Sin embargo, desde el sindicato LAB, el más representativo en este ámbito, su responsable de intervención social en Navarra, Aitor Baztarrika, asegura que los recursos personales son escasos para las necesidades de los centros y pisos tutelados: "El Gobierno de Navarra establece unos pliegos con unos ratios, y en esos ratios establece que por la noche tiene que haber una persona. Si hay personal de seguridad es porque se trata de un recurso especializado y estarían la educadora social más alguien de seguridad pero aún y todo es completamente insuficiente, ya sea de noche, de día, o de tardes. Es insostenible para los trabajadores".
Lamenta Baztarrika que haya tenido que ocurrir una desgracia para que las condiciones de las educadoras sociales en centros y pisos de menores tutelados esté de actualidad, porque asegura, ya venían avisando del peligro: "Hace una semana, un centro de menores en Navarra fue incendiado por cuarta vez en ocho meses. Esto no es ninguna seguridad en el trabajo, por lo que no nos sorprende que haya ocurrido una desgracia. Podría haber sido en cualquier lugar, también aquí en Navarra", alerta.
Todo un circuito de recursos saturado
Los menores internan primero en un Centro de Observación de Acogida (COA), gestionados por el Gobierno de Navarra, donde reciben "un servicio de atención inmediata, de carácter provisional, que ofrece a las y los menores un entorno residencial o familiar seguro y protector, desde donde se les procura la adecuada cobertura, diaria e integral, de sus necesidades físicas, sanitarias, psicoemocionales y educativas", informa el ejecutivo foral.
Una vez se decide a qué tipo de recurso derivar a el o la menor, en función de su perfil y necesidades, estos son acogidos en otros centros o pisos. "Los COA están completamente saturados en Navarra", asegura Baztarrika, y esa sobrecarga se acaba trasladando al resto de centros, provocando incluso la derivación de algunos menores a centros no acordes con sus perfiles. "Esta mezcla supone un problema añadido, porque juntar a un menor de perfil no conflictivo con otro que ya tiene drogodependencias es peligroso para la evolución del primero", explica el responsable de intervención social de LAB en Navarra.
Los recursos a los que son derivados los menores después de pasar por el COA, son gestionados por empresas privadas que subcontrata el Gobierno de Navarra, supervisor último de los establecimientos de acogida. Esta diversificación, no obstante, hace que la responsabilidad respecto a la seguridad de los trabajadores esté repartida: "Es la empresa la que tiene que cuidar a sus trabajadoras, pero también los pliegos marcan una cantidad de dinero y para no sobrepasarla las empresas dejan de poner la seguridad que deberían", sentencia Baztarrika.
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