Política

Igualdad descarta romper la coalición de Gobierno y acusa al PSOE de aliarse con la derecha por el "retroceso al Código Penal de la Manada"

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley que plantea subir las penas cuando haya violencia o intimidación y desde Unidas Podemos se oponen porque "las víctimas tendrían que demostrarlo"

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, atienden a los medios de comunicación este lunes en Madrid para hablar de las últimas novedades judiciales relativas a la violencia sexual. / Kiko Huesca EFE

Madrid

Como ya había adelantado, este lunes el PSOE ha registrado en el Congreso su propuesta de reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Los socialistas han intentado llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, pero finalmente no ha sido posible. La proposición de ley que ha presentado el PSOE plantea que vuelvan las penas anteriores a la ley del 'solo sí es sí' cuando haya violencia o intimidación, pero Unidas Podemos mantiene que eso supone "que la víctima sea la que tenga que justificar que ha habido agresión", algo muy complicado cuando en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la mujer se queda "paralizada".

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La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, han comparecido en el Ministerio de Igualdad y han insistido en el modelo de consentimiento y "que es un error volver al viejo sistema". Asimismo, han alertado del "retroceso que supone volver al Código Penal de la Manada" y ha acusado al PSOE de aliarse con la derecha. No obstante, descartan romper la coalición del Gobierno.

Rodríguez Pam ha criticado que en la proposición se incluya la diferencia en las penas si hay penetración o no la hay, y que "se tenga que demostrar que se puso resistencia, porque un niño que sufre tocamientos por su padre o un profesor de instituto, aunque no haya penetración, ¿va a mostrar resistencia?". "Las agresiones sexuales no solamente tienen que ver con la violencia, sino con el poder que se ejerce. Por eso muchas víctimas se quedan paralizadas. No se puede probar que existió violencia y queremos preservar el modelo del consentimiento", ha defendido.

La reforma del PSOE implicaría una segunda ola de revisiones

Rosell, por su parte, ha insistido en la "preocupación" ante el modelo del consentimiento, se introduzca "en todo su esquema la violencia, la intimidación, la demostración" porque es volver al viejo sistema "con todo lo que habíamos avanzado ya". "Llevamos viendo que el viejo sistema no funciona y el dolor que causan las penas, y volver, sería un retroceso que no vamos a tolerar", ha aseverado.

Además, ha alertado de que la reforma de la ley puede implicar "una segunda ola de revisiones". "Puede dar lugar a revisiones de tribunales que hasta ahora no se han revisado. No es cierto que la propuesta del PSOE vaya a blindar la ley frente a revisiones, no se puede permitir que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", ha manifestado.

Introducir agravantes y no un subtipo en el artículo del consentimiento

Desde Igualdad se oponen a que se vuelva a especificar si existió violencia o intimidación en la agresión sexual para determinar la duración de las penas, como se establecía antes de la ley del 'solo sí es sí'. Rosell ha recordado que el Ministerio propuso contemplar agravantes, pero el Ministerio de Justicia descartó. "Hemos hecho la propuesta de que la violencia e intimidación sea una agravante. La propuesta de volver al viejo sistema que no ha funcionado nunca nos parece que sería un retroceso", ha explicado.

"Si alguien dice que esto sube las penas por encima de lo previsto, es que no quiere subir las penas, sino cambiar el sistema y que considera más grave la sumisión química, que la violencia o intimidación", ha añadido, insistiendo en que subir las penas es compatible con las agravantes, y que volver a introducir un subtipo en el artículo del consentimiento de la ley "es volver al sistema anterior", lo que supone un "riesgo en revisiones futuras" de condenas.

Asimismo, ha querido dejar claro que la reforma la aplican los jueces y, por tanto, "la aplicación y responsabilidad es de los tribunales y no del Ministerio de Igualdad o el Ejecutivo". Rosell ha culpado a los jueces de aplicar la norma con disparidad y "generar la alarma que está generando en la sociedad" con las rebajas de condenas.

Preguntadas por las propuestas de Igualdad, han preferido reservarse y se han limitado a responder que están trabajando desde el ministerio para "preservar el modelo del consentimiento" y "para que no haya ningún retroceso en los derechos de las mujeres". "No queremos dar ni un paso atrás y vamos a hacer lo posible para llegar a un acuerdo que preserve el modelo de consentimiento", han afirmado, criticando la propuesta del PSOE, "análoga a la del PP y a la que Vox no hace malos ojos".

No se rompe el Gobierno de coalición

No obstante, Rosell ha descartado dimisiones y ha asegurado que no se romperá el Gobierno de coalición, y ha recalcado que "en momentos tan difíciles como este es más necesario que nunca un Ministerio de Igualdad".

Discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos

Tras el registro de la proposición de ley, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, han puesto en valor la ley, pero han reconocido que "no está funcionando adecuadamente": "No vamos a cambiar el modelo. El consentimiento no se va a modificar, vamos a reajustar las penas. Esto no va ni de cesiones ni de egos. Acompañamos a las víctimas. Creemos en esta ley y hemos decidido adaptarla", han señalado.

La secretaria de acción institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, ha insistido en la defensa del modelo del consentimiento: "Para nosotros es intolerable eliminar el consentimiento del centro de la norma", ha señalado. "Vamos a defender durante el trámite parlamentario el modelo del consentimiento, que no se vuelva al código penal de La Manada porque es un retroceso en los derechos de las mujeres que no nos podemos permitir como sociedad", ha sentenciado.

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