Así es Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez: aspiraciones a cargos truncadas y una hija de concejal en el PP

El juez Juan Carlos Peinado, que ha admitido a trámite la denuncia del pseudosindicato ultra contra Begoña Gómez, cumplirá en septiembre 70 años. El pasado 11 de enero, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial le autorizó a continuar en activo hasta los 72 años. En 2013 se presentó como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó sin éxito cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García Castellón.

Juan Carlos Peinado accedió con 40 años a la carrera judicial y con anterioridad ha ejercido durante años como secretario de Ayuntamiento de segunda categoría. Como juez, ha estado en los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid. En la actualidad es titular del juzgado 41 de la capital de España, donde entró para sustituir a la magistrada Cristina Díaz, que acababa de ser nombrada directora general de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

Ha colaborado en diferentes jornadas judiciales convocadas por la APM y su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio que dirige desde entonces Paloma Tejero, quien fuera viceconsejera de Ayuso y diputada autonómica durante dos legislaturas con la actual presidenta madrileña.

La Cadena SER ha hablado con la hija del juez Peinado. A la pregunta de si conversa con su padre en las reuniones familiares de los casos que instruye y en concreto, si habló o tenía conocimiento de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Patricia Peinado se ha limitado a asegurar que "si es algo del trabajo de mi padre no me voy a meter”.

Además de la denuncia basada en recortes de prensa contra la pareja del presidente del Gobierno, el juez Juan Carlos Peinado ha instruido entre otros casos el de la imputación a 12 periodistas, entre ellos a la SER, por informar sobre el caso de los CDR, que acabó archivando. También otra denuncia de Manos Limpias, en 2015, contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional. Se acabó inhibiendo a favor de este órgano jurisdiccional.