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El protocolo de la fachada marítima subraya que Puerto y Adif deben obtener recursos económicos

Blinda la titularidad pública para Calvo Sotelo-Batería pero abre la puerta a estudiar la titularidad y usos en San Diego-Puerto petrolero para "generación de recursos económicos" | El Estado es partidario de la convivencia de usos portuarios y residenciales

David Cabezon @ Xunta

Tres años después del último encuentro, hoy por fin se ha celebrado la cumbre de todas las administraciones para dar los primeros pasos sobre la transformación de la fachada marítima de A Coruña. Protocolo, hoja de ruta, declaración de intenciones y colaboración institucional son los términos que han utilizado los representantes del Concello, administración estatal, Xunta, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Adif.

El protocolo suscrito entre las diferentes administraciones sobre el futuro de la fachada marítima recoge una idea fuerza fundamental que se repite de forma continua a lo largo de sus doce páginas: la necesidad de garantizar la viabilidad económica y financiera de la Autoridad Portuaria que admite comprometida por los créditos suscritos para la construcción del puerto exterior. Además recoge el "reconocimiento del esfuerzo" por parte de ADIF, propietaria de la Terminal de mercancías de San Diego, y compromete la búsqueda de fórmulas que garanticen "la autosuficiencia financiera" para sus actuaciones sobre la reposición de la infraestructura. Deja claro que habrá uso ciudadano institucional en Batería y Calvo Sotelo y abre la puerta a otros usos en San Diego que garanticen la generación de recursos para el puerto y ADIF. Termina señalando que el texto pactado "no supone obligación de aportación económica alguna por parte de las Administraciones y Organismos firmantes" y que la firma no implica "la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles".

El texto suscrito esta mañana garantiza la titularidad pública de los espacios como principio rector básico y la garantía de la accesibilidad ciudadana, de forma compatible con la necesidad de obtención de los recursos para la financiación del Puerto exterior. La titularidad pública de los terrenos se considera especialmente relevante en el caso de los solares ubicados en la zona de Batería-Calvo Sotelo. Señala que en el caso de la superficie situada en la zona San Diego-puerto petrolero, los usos que se adopten, y la titularidad se analizarán "teniendo en cuenta la doble necesidad de generar un espacio urbano moderno y sostenible, y la generación de recursos económicos" por parte de la Autoridad Portuaria.

El protocolo propone "el análisis y propuesta de los distintos modelos de gestión de los suelos, así como el desarrollo de su planeamiento urbanístico", el mantenimiento de la actividad portuaria en aquellos tráficos y actividades que no se trasladen al puerto exterior, y la reordenación del espacio portuario interior de A Coruña y del espacio ferroviario de la Estación de Mercancías de San Diego. Compromete la resolución de los problemas de movilidad y el déficit de espacios y de dotaciones públicas de los barrios limítrofes. Insiste en la necesidad de contribuir a garantizar la competitividad y sostenibilidad financiera de la Autoridad Portuaria y la posibilidad de reubicación de la terminal ferroviaria de mercancías de San Diego con fórmulas de colaboración específicas del Concello con el puerto y ADIF.

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Circunscribe el ámbito de estudio a toda la Fachada Marítima del Puerto de A Coruña, desde el dique Barrié de la Maza hasta la dársena de Oza, incluyendo las zonas del Muelle de Batería y Calvo Sotelo, Muelle de San Diego, Muelle Petrolero y Terminal ferroviaria de Mercancías de San Diego con un cronograma para el desarrollo de las actuaciones dados los distintos momentos de disponibilidad de los suelos.

Considera necesario superar los Convenios urbanísticos de 2004, que programaron unos aprovechamientos urbanísticos y la construcción de viviendas cuyos rendimientos económicos estaban vinculados a la financiación de las obras de construcción del Puerto exterior. El Plan xeral mantiene, por el momento, las recalificaciones y proyectos vinculados a esos convenios.

Refleja "una relación inescindible en la que el Puerto ha sido -y sigue siendo- el motor tradicional del crecimiento urbano y económico de la ciudad, y que, en el futuro, están llamadas a seguir experimentando un mutuo y creciente enriquecimiento".

Compromiso de todas las administraciones en el protocolo de la transformación de la fachada marítima

La administración estatal es partidaria de la "convivencia" del puerto como motor económico y el uso también residencias de los terrenos, como ha señalado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. Para la alcaldesa, Inés Rey, este "es un proyecto de futuro para la ciudad y para Galicia".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha incidido en la colaboración institucional. "Todos estamos aquí", ha dicho. Es la puesta de largo de un proyecto que hay que empezar a concretar. Rueda apela al entendimiento, a la superación de imprevistos y saber qué va a pasar con los 800.000 metros cuadrados de terrenos portuarios.

Hoy no ha habido concreción de acciones ni ha habido alusión alguna a la deuda del puerto. El eslogan del proyecto es "Coruña Marítima", en letras azul marino.

Se creará una comisión que dirigirá la Autoridad Portuaria con representación de los integrantes del Consejo de Administración del Puerrto y de todos los grupos municipales donde se avanzará en el modelo de gestión y de la financiación de los espacios portuarios. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, ha abogado por un nuevo modelo financiero "sostenible para todos".

El protocolo, además de Rey, Rueda y Fernández Prado, lo han firmado el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el presidente del ADIF, Ángel Contreras. El convenio de 2004 sobre los muelles suponía pagar los créditos por la obra del puerto exterior mediante la construcción de viviendas, unas 5.700, junto a edificios de oficinas.

El PP subraya la voluntad de acuerdo; el BNG sostiene que queda todo por hacer

El Partido Popular sostiene que ha llegado el momento de superar los convenios de 2004. Su portavoz, Miguel Lorenzo, cree que hay voluntad de todas las instituciones para liberar al puerto de la deuda de casi 300 millones de euros que arrastra por la construcción del puerto exterior.

El BNG considera fundamental la creación de un consorcio donde se concrete la participación de todas las administraciones en unos terrenos de titularidad pública. Su portavoz, Francisco Jorquera, considera que la refinanciación de la deuda contraída por la Autoridad Portuaria es insuficiente. Hay que ir a por la condonación, según Jorquera. Está todo por hacer, asegura el portavoz nacionalista en María Pita.

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