Sociedad

Menos de la mitad de solicitudes de eutanasia han sido autorizadas en Galicia desde que entró en vigor la Ley de muerte digna

La Asociación por una muerte digna sigue denunciando dificultades en la aplicación del protocolo en Galicia

Siete pacientes malagueños con patologías irreversibles pretenden acogerse a la Ley de Eutanasia / DMD

A Coruña

Menos de la mitad de solicitudes de eutanasia han sido autorizadas en Galicia desde que entró en vigor la Ley de muerte digna en junio de 2021. Según los datos oficiales portados por la Xunta de Galicia en estos tres años se han presentado 87 solicitudes y se haN facilitado por parte del SERGAS los medios para seguir el protocolo previsto en 30 ocasiones. La asociación para una muerte digna alerta de las dificultades para acogerse a la Ley en Galicia. Señala que 26 personas han fallecido durante el proceso de tramitación.

La Doctora en Filosofía del Derecho e integrante de la asociación Ascensión Cambrón considera existe "incomprensión" en un sector del personal sanitario y falta voluntad política para dar garantías y formación a los profesionales para aplicar los protocolos.

La Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia reconoce la muerte digna para pacientes que se encuentren en un estado de “enfermedad grave o incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Con esta ley España se convirtió en el sexto país del mundo en despenalizar la ayuda para morir e incluirla como una prestación más del sistema público de salud.

La Doctora en filosofía del Derecho, integrante de la Asociación por el derecho a morir dignamente, ha hablado del juicio contra una mujer acusada de la muerte de su marido, con Alzheimer, según el Fiscal. Su defensa habla de "un suicidio pactado", fallido en el caso de ella. Advierte de que la Ley de eutanasia acababa de activarse cuando se produjeron los hechos. Se aprobó en febrero de 2021 y entró en vigor justo ese mes de junio. En el hipotético caso de que se tratara de una situación como la que describe la defensa, algo que deberá determinar el Tribunal, señala que sería preceptivo acogerse al protocolo establecido por seguridad jurídica y médica. Son circunstancias además, según explica, muy difíciles de probar.

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