La Confederación Española de Policía denuncia que los bolardos en la calle Peregrina impiden el paso de vehículos de emergencia

Estos días los agentes se han encontrado con la calle Peregrina cerrada al tránsito rodado por la instalación de unos bolardos fijos que impiden el acceso a los coches policiales, bomberos y ambulancias, lo que es calificado desde el CEP como una decisión imprudente y temeraria, no por el hecho de cerrar la calle al tráfico rodado, si no por hacerlo también a los vehículos de emergencia y no aprender de otras ciudades de la provincia como Vigo o Sanxenxo, que disponen en sus instalaciones de cierre que uno de esos bolardos sea mecánico con lector de matrículas, estando todas las placas de matrículas de los vehículos de emergencias en la base de datos municipal, por lo que no se impide el fundamental trabajo de los servicios públicos

Carlos Rodríguez Losada, secretario provincial de CEP en Pontevedra, lanza nuevamente la pregunta, quién del Concello se responsabilizará si ocurre una desgracia y por culpa de no llegar a tiempo a un servicio de emergencias fallece una persona, y es que al igual que médicos, policías o bomberos pueden ser condenados por una negligencia, el poner trabas a un servicio de emergencias u obstaculizarlo puede ser considerado un ilícito penal. “Nos encontramos ante un sinsentido, y por eso reclamamos al Concello que recapacite y piense en la seguridad de los pontevedreses y pontevedresas”, remarca Carlos Rodríguez, quien además añade que “desde el consistorio deberían promoverse otro tipo de iniciativas, como la creación de un servicio de recogida de animales en la vía pública, o la cesión de terrenos para la creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional en la ciudad adaptada al siglo XXI y que de un servicio de calidad a la ciudadanía”.

Desde la Confederación Española de Policía anuncian que no se van a cruzar de brazos y van a exponer estos problemas al resto de los partidos políticos de la ciudad y a la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra, a fin de que realicen un estudio jurídico ante lo que consideran entorpecer y obstaculizar los servicios de emergencia, por si hubiera una fórmula jurídica de parar estas decisiones urbanísticas.