Sociedad

"El escudo social alivia las angustias de muchas familias vulnerables"

Rosa García, portavoz de Stop Desahucios, ha afirmado que ven "muy positiva" la medida aprobada por el Gobierno y EH Bildu

ENTREVISTA STOP DESAHUCIOS - rosa garcia

ENTREVISTA STOP DESAHUCIOS - rosa garcia

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El Gobierno Vasco acordó con EH Bildu alargar el escudo social contra los desahucios hasta 2025. Este acuerdo prorroga la prohibición de llevar a cabo desahucios hasta 2025, algo que Rosa García, portavoz de 'Stop Desahucios' valora muy positivamente. Según García, esta medida "alivia, por lo menos durante un año, las angustias de muchas familias vulnerables que no pagan el alquiler no porque no quieran, sino porque no pueden, debido a los elevadísimos precios de los alquileres".

La portavoz de la plataforma ha destacado el dato de los 41 municipios que se han declarado como tensionados en Euskadi, que posibilitará que los precios de los alquileres puedan dejar de subir. Al mismo tiempo, ha afirmado que la plataforma lleva tiempo negociando con el Ministerio de Vivienda esta medida y que esperaban que la prórroga fuera a ser de seis meses, como han venido siendo últimamente. Sin embargo, no todo acaba aquí: "Los desahucios por impago de alquiler son una tónica en Euskadi, aunque permanecen en la vivienda porque están suspendidos".

Si bien esto genera un problema para el arrendador, Rosa García ha querido aclarar que este puede cobrar del Gobierno Vasco la cantidad no percibida durante el periodo que el desahucio de los inquilinos ha estado suspendido, siempre y cuando también sea vulnerable: "Este paraguas sirve para los inquilinos, pero también para los propietarios que necesitan el alquiler para poder llegar a fin de mes".

Perfil habitual

El perfil habitual de las personas que acuden a la plataforma 'Stop Desahucios' son familias monoparentales con hijos menores, que perciben la RGI. Aunque también hay familias con empleos, pero cuyo sueldo ronda los 1.200 o 1.400 euros y no les permite vivir por alquileres que alcanzan los 1.000 euros. En general, son personas que están en contacto con los Servicios Sociales.

 
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